Desde este lunes, Argentina comienza una nueva etapa económica. El gobierno de Javier Milei elimina el cepo cambiario, libera la compraventa de dólares y establece un sistema de bandas cambiarias. Se trata de la medida más disruptiva del plan libertario desde su llegada a la Casa Rosada: el dólar ahora flotará libremente entre un piso de $1000 y un techo de $1400, con ajustes mensuales del 1% en esos límites. Dentro de esa franja, será el mercado el que determine el precio según la oferta y la demanda; fuera de ella, el Banco Central podrá intervenir para evitar sobresaltos, en sintonía con lo pactado con el FMI.
Esta decisión marca el inicio de la llamada “Fase 3” del programa económico de Milei y elimina, de un plumazo, la mayoría de las restricciones cambiarias. Ya no habrá “dólar ahorro”, las empresas podrán girar utilidades futuras al exterior sin restricciones y los exportadores no estarán forzados a liquidar por tipos de cambio múltiples. Solo quedará en pie un dólar turista para gastos con tarjeta en el extranjero. El objetivo oficial es claro: terminar con la brecha cambiaria que distorsionaba precios, desalentaba inversiones y generaba un mercado paralelo hipertrofiado.
Para asegurar la estabilidad de esta nueva arquitectura, el gobierno selló un acuerdo de apoyo financiero histórico: en los próximos dos meses ingresarán al país unos USD 19.600 millones, provenientes del FMI, organismos multilaterales y un repo con bancos privados. “Nos sobran 15 mil millones de dólares”, repiten con confianza en el entorno del presidente, que apunta a anclar las expectativas con una abundante inyección de divisas.
Este nuevo esquema incluye un protocolo de emergencia en caso de turbulencias: endurecimiento de la política monetaria vía suba de tasas, ajuste fiscal extra y eventual ralentización de la liberalización. La decisión fue tomada con hermetismo absoluto. Incluso algunos ministros del gabinete se enteraron minutos antes de la conferencia de prensa que oficializó el giro. El secreto tuvo un objetivo estratégico: evitar especulación y maniobras en el mercado que pudieran poner en jaque la implementación.
El contexto global también apuró los tiempos. La renovada guerra comercial impulsada por Donald Trump reavivó tensiones en los mercados internacionales, y el gobierno argentino quiso adelantarse a una eventual corrida. “No queremos repetir el error de 2018”, dicen en la Casa Rosada, en alusión a la crisis que obligó a Mauricio Macri a reinstaurar controles que había prometido no volver a aplicar.
El debut del nuevo esquema monetario será acompañado por un gesto de fuerte respaldo político: este lunes aterriza en Buenos Aires el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, enviado directo de Trump y articulador de una reciente tregua arancelaria global. Se reunirá con Milei y con Luis Caputo en lo que será una foto clave para consolidar confianza.
¿Qué puede pasar con el dólar?
Mientras el gobierno minimiza el impacto del primer día, en la city se preparan para una apertura volátil. “Es irrelevante lo que pase el lunes”, dijo Caputo a sus colaboradores, convencido de que el esquema tiene respaldo financiero suficiente. Pero en el mercado nadie descarta un salto inicial de entre 20% y 30%, que llevaría la cotización cerca del techo de $1300. La consultora EcoGo estima ese nivel como probable en la etapa inicial de flotación.
El Banco Central está listo para intervenir si se supera la banda. Pero en el equipo económico esperan que la cotización se mantenga cerca del piso gracias al ingreso de divisas. Si esto se cumple, el dólar “blue” o paralelo dejaría de tener razón de ser: al unificarse prácticamente el mercado, se elimina la brecha que había llegado a superar el 100%. En teoría, eso debería traer más previsibilidad para empresas y consumidores.
El costo político y social del ajuste
Esta liberalización forma parte de un programa más ambicioso acordado con el FMI, que incluye 11 reformas estructurales exigidas por el organismo. Entre ellas: reforma tributaria, privatizaciones, desregulación energética, reforma previsional, eliminación de fondos fiduciarios, recortes en subsidios y modernización de la Ley de Responsabilidad Fiscal. El Fondo celebró los “impresionantes” resultados iniciales del gobierno, pero pidió más profundidad en las reformas.
Las previsiones del FMI son optimistas: proyectan una caída del PBI de 1,7% en 2024, pero un rebote de 5,5% en 2025 y una inflación en torno al 20% anual hacia fin del próximo año. A cambio, exige superávit fiscal, disciplina monetaria y avances en reformas que tendrán costos políticos altísimos. Por ejemplo, en tarifas: más de 3 millones de usuarios de clase media perderán los subsidios a la luz y el gas, que comenzarán a pagar tarifas plenas, aunque de manera gradual y a partir de 2026.
En paralelo, ya comenzó la “motosierra”: no se renovaron contratos públicos (1400 en el Ministerio de Salud), se vendió la participación estatal en IMPSA, y se lanzó la privatización de Corredores Viales, Belgrano Cargas e Intercargo. También avanza el plan para desprenderse de Transener, y la reorganización de ENARSA que incluirá la venta de 17 activos estatales.
El objetivo no es solo estabilizar a corto plazo, sino cambiar de raíz el modelo económico argentino. El diagnóstico del Fondo es duro: reservas netas “casi inexistentes”, sin acceso a crédito externo, alta inflación, informalidad laboral y un Estado ineficiente.
Impacto en el bolsillo: inflación, tarifas y salarios
En lo inmediato, la vida cotidiana de los argentinos ya siente el cimbronazo. La inflación, que había bajado en el primer trimestre, vuelve a acelerarse: en marzo fue del 3,7% y se espera que los próximos meses cierren entre 4,5% y 5,5% mensual. La devaluación del peso –necesaria para sincerar el tipo de cambio– impulsará el precio de productos importados y dolarizados, desde tecnología hasta alimentos.
Los salarios reales sufrirán el impacto. Aunque los gremios reabrirán paritarias, el poder de compra caerá en el corto plazo. Algunos economistas advierten que el traslado a precios podría ser más moderado si el consumo se desploma, pero la preocupación es generalizada. Comerciantes y supermercadistas ya anticipan una caída del consumo en el segundo trimestre.
Las tarifas de servicios públicos también subirán. Aunque el gobierno promete una aplicación gradual, el recorte de subsidios ya se siente. Transporte, electricidad, gas y combustibles incrementarán su peso en el presupuesto familiar, y restarán capacidad de consumo en otros rubros.
A pesar de estas señales de alerta, en el equipo económico hay confianza. Sostienen que el fin de la brecha cambiaria y el acceso a divisas limpian el terreno para recuperar la inversión, estabilizar la moneda y recomponer el crédito. Pero la clave estará en cuánto tiempo puede aguantar la población este shock inicial sin que se deteriore aún más la ya frágil situación social.