Tras ocho años de espera, el próximo jueves comenzará el juicio oral contra la actriz y productora Andrea del Boca y el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, por el presunto delito de administración fraudulenta en la financiación estatal de la telenovela Mamá Corazón.
El proceso, a cargo del Tribunal Oral Federal 7, se desarrollará de manera remota a través de la plataforma Zoom y contará con la declaración de más de cien testigos, entre ellos reconocidos actores como Fernando Dente, Fabián Mazzei y Marcelo Mazzarello. El tribunal estará integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, mientras que la fiscal del juicio será Fabiana León.
El centro de la acusación
Del Boca está procesada como «partícipe necesaria» del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Según la investigación del juez Sebastián Ramos y el fiscal Gerardo Pollicita, la productora de la actriz, A Group SRL, firmó un convenio con la Universidad Nacional de San Martín para financiar la novela con más de 25 millones de pesos en 2015.
Los fondos fueron girados desde el Ministerio de Planificación Federal, dirigido en ese entonces por De Vido, y se sospecha que se incumplieron normas de contratación pública. Además, la acusación destaca la existencia de cláusulas contractuales arbitrarias, que otorgaban a la productora la exclusividad de comercialización internacional por un período de 60 meses, prorrogables por otro lapso idéntico. En otras palabras, el Estado financió la novela, pero los derechos de venta en el exterior quedaron en manos privadas.
La defensa de Andrea del Boca
En sus recientes declaraciones, Del Boca celebró el inicio del juicio y aseguró que es una oportunidad para esclarecer la situación:
“Ya es momento de que se pueda aclarar todo”, afirmó.
La actriz también se diferenció del resto de los imputados, resaltando que ella es la única procesada que no es funcionaria pública.
“Son 10 exfuncionarios, la única privada soy yo. A nivel judicial estoy muy tranquila porque cumplí con mi compromiso e hice todo lo que decía mi contrato. Yo no podía editar ni vender, solamente publicitarla”, explicó.
El juicio, que se transmitirá públicamente en su apertura y cierre, marcará un nuevo capítulo en una causa que ha sido símbolo de la polémica sobre el uso de fondos públicos en la producción audiovisual durante los gobiernos kirchneristas.