Desde el Destacamento Móvil Nº 2 de Gendarmería, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anuncia una nueva estrategia en la lucha contra el crimen organizado: Rosario será la primera zona sujeta a investigación especial bajo la reciente ley antimafia. Esta iniciativa representa la segunda fase del Plan Bandera, el esquema de intervención federal que busca pacificar la ciudad santafesina, epicentro del narcotráfico en Argentina.
La ley antimafia entra en escena
Bullrich detalla que la ley, aprobada el mes pasado, permitirá que todos los miembros de una organización criminal sean responsables del conjunto de delitos cometidos por la banda. “Quienes participen de una organización criminal, no importa en qué línea estén, serán responsables del conjunto de delitos que la organización cometa”, enfatiza.
El Gobierno toma como referencia modelos internacionales. En primer lugar, la ley antimafia de Italia, implementada para desarticular estructuras delictivas como la Cosa Nostra. También se inspira en la Ley RICO de Estados Unidos, que ha sido clave para condenar a jefes mafiosos y líderes de redes criminales.
“La idea es que cada delito cometido en el marco del crimen organizado no se tome de manera individual, sino que se aplique a todos los miembros de la organización la pena correspondiente al delito más grave cometido”, explica Bullrich.
Rosario, en el centro del plan
La elección de Rosario como la primera ciudad en aplicar esta ley no es casualidad. En los últimos años, la ciudad ha sido epicentro de una escalada de violencia protagonizada por bandas narco, con homicidios, ataques a funcionarios judiciales y un dominio territorial alarmante.
Bullrich subraya que el Gobierno no cederá en su ofensiva contra estas organizaciones. “No vamos a levantar el Plan Bandera mientras haya agazapados esperando tomar el territorio”, advierte. Y reitera su lema: “El que las hace, las paga”.
El impacto y los desafíos de la ley
Uno de los principales desafíos será la implementación efectiva de la norma, que aún debe ser adoptada por jueces y fiscales. “Es una ley nueva que debemos aplicar con firmeza”, reconoce la ministra.
En este sentido, pone como ejemplo a Ariel “Guille” Cantero, líder de Los Monos, quien acumula condenas que superan los 100 años de prisión. Según Bullrich, con la nueva ley, cualquier integrante de una organización criminal enfrentará penas similares. Sin embargo, no menciona que la norma no puede aplicarse de manera retroactiva.
El mensaje es claro: el Ejecutivo busca imponer un costo altísimo a quienes integren bandas criminales. Con Rosario como primer escenario de aplicación, el Gobierno pone a prueba una herramienta legal que podría cambiar el enfoque del país en la lucha contra el crimen organizado.