El gobierno nacional confirmó el cierre definitivo de la planta de billetes de Ciccone Calcográfica, ubicada en Don Torcuato, sellando el destino de una empresa que se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción de la última década en el país. La planta, estatizada en 2012 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, deja de operar tras años de controversias vinculadas a su adquisición y administración.
El cierre de un capítulo histórico
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la decisión a través de un comunicado en la red social X, en el que informó sobre el operativo de clausura, que incluye el retiro de maquinaria, el cierre de oficinas y la notificación a los empleados. «Hoy llevamos a cabo el cierre definitivo de la planta de fabricación de billetes (ex Ciccone), ubicada en la localidad de Don Torcuato», publicó.
El cierre afecta directamente a 270 empleados, quienes han sido «dispensados» de sus tareas mientras se define su futuro laboral. Según Caputo, la medida responde tanto a razones económicas como a la necesidad de desprenderse de un emblema de corrupción. «Los argentinos se van a ahorrar 5.040 millones de pesos anuales al no fabricar más billetes desde el Estado», aseguró el vocero presidencial, Manuel Adorni.
Destino del inmueble y la maquinaria
El inmueble será administrado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que planea subastarlo en el corto plazo. La planta contaba con una bóveda utilizada por el Banco Central para almacenar billetes en desuso, lo que también quedará sujeto a las decisiones futuras del gobierno.
En cuanto a la maquinaria, Caputo detalló que parte de los equipos será reubicada en depósitos de Retiro para la producción de chapas patentes, mientras que tres máquinas de calcografía serán destinadas a la fabricación de pasaportes. El resto de la maquinaria especializada para la producción de billetes será retirada del país.
El origen del escándalo
La historia de Ciccone Calcográfica está marcada por el caso de corrupción que involucró al exvicepresidente Amado Boudou, quien fue condenado por su participación en la compra de la empresa a través de intermediarios y testaferros. En 2012, en medio del escándalo, el gobierno kirchnerista expropió la compañía, argumentando la necesidad de preservar la soberanía en la producción de billetes.
Sin embargo, con el paso del tiempo, los costos operativos y la falta de transparencia en su administración transformaron a Ciccone en un peso muerto para el Estado. Según el gobierno actual, resulta más rentable tercerizar la impresión de billetes a proveedores internacionales que mantener la planta en funcionamiento.
Un mensaje al cierre
Caputo cerró su anuncio recordando el contexto de la expropiación y justificando la decisión: «La operación de 2012 fue un caso de corrupción de público conocimiento. Hoy, el costo de mantener esta compañía en manos estatales es innecesario. Esta medida marca un nuevo rumbo en la gestión de los bienes públicos».
El cierre de Ciccone Calcográfica representa el fin de una etapa para la historia económica y política de Argentina. Aunque la decisión busca aliviar las finanzas públicas, deja en el aire el futuro de los empleados afectados y refuerza el debate sobre el rol del Estado en actividades productivas estratégicas.
