La Cámara Federal porteña ratificó este jueves el procesamiento del exministro de Salud Ginés González García en la causa conocida como vacunatorio VIP, en la que se investigan irregularidades ocurridas durante la campaña de vacunación contra el Covid-19. Según las acusaciones, varias personas recibieron vacunas de manera indebida, sin respetar el protocolo del Plan Nacional de Vacunación establecido para ese momento. Además del procesamiento, el tribunal de apelaciones ordenó un embargo de 20 millones de pesos sobre el exfuncionario y solicitó que se profundice la investigación.
El vacunatorio VIP: abuso de autoridad y favoritismo en plena pandemia
La confirmación del procesamiento se da en el marco de una causa que también involucra al entonces secretario privado de González García, Marcelo Guille, y al director del Hospital Posadas, Alberto Maceira, quienes fueron acusados junto al exministro por abuso de autoridad y peculado. Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens remarcaron en su fallo la necesidad de seguir investigando si las personas que accedieron a las vacunas fuera del orden establecido cometieron algún tipo de delito.
El fallo sostiene que la situación descrita refleja una clara desviación de los recursos públicos y la asignación arbitraria de vacunas a un grupo selecto de personas, lo que constituye una grave infracción de las leyes que regían el proceso de vacunación. La resolución emitida por la Cámara fue contundente: «El que unos pocos hayan recibido el tratamiento exclusivo que obtuvieron cristaliza una inadmisible torsión de la senda que la ley imponía».
Un procesamiento clave en la lucha contra los privilegios
La jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien había dictado los procesamientos iniciales, también fue instruida por el tribunal para llevar a cabo una investigación más amplia de los hechos. El objetivo, según los magistrados, es evitar que aquellos que disfrutaron de beneficios ilegales eludan la respuesta judicial que les corresponde. Este aspecto es fundamental para garantizar que los actos cometidos no queden impunes y que se brinde justicia a quienes fueron perjudicados por el uso discrecional de las vacunas.
El fallo también recalca que, aunque algunas de las personas que recibieron las vacunas podían haberse considerado dentro de los grupos prioritarios por su edad, la forma en que se realizaron las vacunaciones, ya sea en sus hogares o en un vacunatorio especial, constituye una «clara demostración» de que no se respetaron los procedimientos legales.
Embargos millonarios y nuevas líneas de investigación
Junto con la confirmación de los procesamientos, la Cámara Federal porteña redujo los montos de los embargos que había fijado inicialmente la jueza Capuchetti. El embargo sobre González García se estableció en 20 millones de pesos, mientras que para Alberto Maceira fue de 18 millones, y para Marcelo Guille y el exsubsecretario de Estrategias Sanitarias Alejandro Costa se fijó en 10 millones de pesos. En cambio, la Cámara dictó la falta de mérito para María Elena Borda, una funcionaria del Hospital Posadas que también había sido procesada en esta causa.
Uno de los episodios investigados en este caso ocurrió el 18 de febrero de 2021, cuando un equipo de vacunación del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas se trasladó al Ministerio de Salud con 10 dosis de la vacuna Sputnik V destinadas al personal de salud. En ese momento, varias personas aguardaban para ser vacunadas en un vacunatorio improvisado, incluyendo a figuras públicas como el actual ministro de Defensa Jorge Taiana, el diputado Eduardo Valdés y el periodista Horacio Verbitsky. Este suceso, considerado uno de los más graves de la causa, eludió los criterios establecidos en la Resolución MSAL N°2883/2020 dictada por el propio González García.
El rol de González García en la vacunación VIP
El segundo hecho relevante que forma parte de esta causa ocurrió el 1° de febrero de 2021, cuando el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, presuntamente por orden de González García, se trasladó al domicilio del expresidente Eduardo Duhalde con 5 dosis de la vacuna destinadas al Ministerio de Salud. Además de Duhalde, fueron vacunadas en su domicilio su esposa, Hilda Beatriz González, sus hijas Juliana y María Eva Duhalde, y Carlos Alberto Mao. Este episodio es visto como otro ejemplo claro de cómo un selecto grupo de personas recibió beneficios que, en ese momento, eran negados a la gran mayoría de la población.
La acusación contra González García sostiene que, al permitir este tipo de acciones, el exministro de Salud desvió recursos y permitió el uso discrecional de las vacunas, en un contexto de alta demanda y escasez de dosis para los grupos prioritarios.
¿Cómo seguirá la investigación?
La confirmación del procesamiento de Ginés González García marca un paso importante en la causa del vacunatorio VIP, pero no es el final del camino. El tribunal ha sido enfático en la necesidad de seguir investigando todos los aspectos del caso, incluyendo la posible responsabilidad de quienes se vacunaron por fuera del protocolo. La resolución busca sentar un precedente claro: los privilegios en el acceso a la salud pública no serán tolerados.
La causa sigue abierta, y se espera que en los próximos meses se sigan sumando pruebas y testimonios que aclaren cómo se llevaron a cabo estos episodios y quiénes fueron los responsables directos e indirectos de las irregularidades detectadas. Mientras tanto, la atención sigue puesta en el futuro judicial de los involucrados y en las posibles repercusiones políticas de este escándalo que sacudió la gestión sanitaria durante la pandemia.
