Con una pantalla gigante y el corazón en vilo, este jueves a las 11 de la mañana, Rosario volverá a ser escenario de una manifestación que trasciende lo partidario y roza lo humanitario. Personas con discapacidad, familias, trabajadores del sector, instituciones y transportistas se concentrarán frente al Concejo Municipal, en 1º de Mayo y Córdoba, para seguir en vivo la sesión del Senado de la Nación, donde se debate el proyecto de ley para declarar la emergencia en discapacidad.
Lo que está en discusión no es menor: una normativa que busca recomponer aranceles, regularizar pagos y garantizar la continuidad de servicios esenciales, como terapias, transporte y asistencia diaria, en un sector que viene siendo duramente golpeado por el ajuste fiscal. La movilización local refleja el nivel de gravedad que atraviesa el sistema y, al mismo tiempo, el grado de desamparo que sienten quienes dependen de él.
Una concentración que se vuelve vigilia
La convocatoria es impulsada por APRIDIS (Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad), ATRAES (Asociación de Transportes Especiales de Santa Fe), familiares y organizaciones de base que vienen alertando desde hace tiempo sobre la asfixia financiera que atraviesan las prestadoras.
“Esto no es un trámite legislativo. Es una cuestión de derechos humanos y supervivencia”, dijo Pablo Bolego, titular de ATRAES. Y agregó: “Los senadores tienen una responsabilidad histórica. No pueden mirar para otro lado mientras se desmorona un sistema que sostiene la calidad de vida de miles de personas”.
Un sistema al límite
El proyecto, que ya cuenta con media sanción de Diputados y dictamen favorable en el Senado, busca declarar la emergencia hasta diciembre de 2026. Entre los puntos centrales propone:
- Reajustar aranceles congelados desde diciembre de 2024, con un desfase del 73% respecto a la inflación.
- Actualizar automáticamente el nomenclador mensual de prestaciones.
- Revalorizar las pensiones no contributivas en línea con el IPC.
Desde las organizaciones advierten que la parálisis de pagos y la desactualización de aranceles está llevando a un punto crítico al sistema único de prestaciones básicas, amparado por leyes nacionales como la 22.431 y la 24.901, pero que hoy agoniza por desfinanciamiento y falta de decisión política.
El veto latente de Milei y la tensión fiscal
Mientras el proyecto avanza en el Congreso, el presidente Javier Milei ya anticipó que vetará cualquier norma que comprometa su programa de ajuste, incluso si eso implica recortar derechos esenciales. Un eventual veto, dicen los referentes del sector, sería un “golpe devastador”.
“El sistema ya muestra signos de colapso: terapias suspendidas, falta de transportistas, centros al borde del cierre y un clima de angustia e incertidumbre constante”, denunció Bolego. La falta de previsibilidad no solo afecta a quienes reciben las prestaciones, sino también a los profesionales que las brindan, muchos de los cuales trabajan sin cobrar desde hace meses.
Rosario exige medidas locales
Más allá del debate nacional, la concentración también tiene un objetivo local: exigir que el municipio y la provincia implementen medidas urgentes de alivio para las prestadoras. La presidenta de APRIDIS, Mariel Chapero, fue clara: “La situación es crítica y necesitamos respuestas en todos los niveles del Estado. No podemos seguir esperando”.
Lo que está en juego
La aprobación de la ley de emergencia en discapacidad podría significar un respiro momentáneo en un contexto de ajuste generalizado. Pero, como advierten quienes sostienen el sistema día a día, sin voluntad política de fondo, sin financiamiento real y sin compromiso intergubernamental, cualquier alivio será apenas transitorio.
Este jueves, mientras el Senado debate y los rostros frente al Concejo buscan respuestas en la pantalla gigante, lo que se juega no es solo una ley: se juega el derecho a una vida digna para miles de personas.
