El Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF2) dispuso este martes que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumpla su condena de seis años en prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución, tras la reciente confirmación del fallo en la causa Vialidad por parte de la Corte Suprema de Justicia.
La decisión fue comunicada de manera electrónica y firmada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, quienes establecieron un conjunto de medidas estrictas para el cumplimiento de la pena. La expresidenta deberá portar una tobillera electrónica, mantener su residencia fija en el domicilio y entregar un listado de personas autorizadas a visitarla, entre otras condiciones.
Un régimen estricto para una figura central de la política argentina
A partir de hoy, Cristina Kirchner comienza a cumplir la condena impuesta por corrupción en la causa conocida como “Vialidad”, donde se la responsabilizó por la administración fraudulenta de fondos públicos durante su presidencia. La Corte Suprema había confirmado el fallo la semana pasada, y ahora el TOF2 formalizó el régimen de cumplimiento.
La expresidenta, también actual presidenta del Partido Justicialista (PJ), permanecerá en su domicilio ubicado en San José 1111, un departamento que ya se convirtió en epicentro de movilizaciones en otras ocasiones. Sin embargo, esta vez el tribunal limitó expresamente cualquier comportamiento que pueda derivar en alteraciones del orden público o afectar la tranquilidad del barrio, en clara referencia a posibles concentraciones de militantes en apoyo a la dirigente.
Condiciones de cumplimiento y control judicial
Según lo dispuesto por el tribunal, la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, será la encargada de instalar el dispositivo de geolocalización. Además, el Consejo de la Magistratura controlará cada tres meses que se estén cumpliendo las condiciones impuestas.
Entre las reglas, el TOF2 estableció que la exmandataria deberá permanecer en su domicilio salvo en casos excepcionales, que deberán ser previamente informados y justificados ante la Justicia. También deberá entregar en un plazo de 48 horas hábiles un listado de personas habilitadas a ingresar sin necesidad de autorización judicial. Esa nómina incluirá familiares directos, médicos, abogados y personal de custodia.
Cualquier otra persona que desee ingresar, incluso referentes políticos o colaboradores, deberá contar con una autorización expresa del tribunal. La medida también busca prevenir la utilización del domicilio como escenario de actividad política o movilización constante.
Reacciones y clima político
La resolución se conoció mientras sectores del peronismo preparaban una movilización a Plaza de Mayo en respaldo a Cristina Kirchner. Si bien el otorgamiento de la prisión domiciliaria desactivó, en parte, las versiones que hablaban de una eventual detención con traslado a Comodoro Py, la convocatoria continúa en pie, aunque ahora se redefine el enfoque y las consignas.
El abogado de la expresidenta, Gregorio Dalbón, aseguró que la condena “será anulada por la CIDH”, al tiempo que referentes del Frente de Todos y figuras del sindicalismo respaldaron públicamente a la exmandataria, a quien consideran víctima de una persecución judicial.
Mientras tanto, ya se puso en venta el departamento del piso superior al de Cristina, lo que generó especulaciones sobre el posible impacto en la convivencia vecinal y el clima en el edificio, ahora fuertemente vigilado.
Una etapa inédita en la historia política reciente
El cumplimiento de prisión domiciliaria por parte de una expresidenta en funciones partidarias, con fuerte peso institucional y proyección electoral, marca un hecho inédito en la historia democrática argentina reciente. La implementación del régimen, las restricciones impuestas y su impacto político y social seguirán en el centro de la agenda pública.
