Óscar Armando Caba Hurtado, un ciudadano boliviano de 57 años y exmiembro de la Fuerza Aérea de Bolivia, fue arrestado este jueves en la ribera del río Carcarañá, sindicado como el piloto del avión cargado con 475 kilos de cocaína que fue obligado a aterrizar en un campo cercano a Pueblo Andino. La detención de Caba Hurtado destapó una compleja trama que mezcla narcotráfico y acusaciones de violaciones a los derechos humanos en su país de origen.
Caba Hurtado no es un personaje común: en su expediente figuran antecedentes que lo vinculan con crímenes de lesa humanidad durante los trágicos sucesos de noviembre de 2019 en Bolivia, cuando, bajo el gobierno interino de Jeanine Áñez, militares reprimieron violentamente a manifestantes en la localidad de Sacaba, Cochabamba, resultando en la muerte de 10 civiles. Caba Hurtado, reservista de la Fuerza Aérea boliviana desde 1989, está incluido entre los acusados en un proceso por genocidio que aún espera juicio.
De militar a presunto narcotraficante
Los antecedentes de Caba Hurtado en la aviación parecen haber sido su puerta de entrada al narcotráfico. Según las primeras hipótesis de la investigación, el exmilitar habría utilizado su experiencia para transportar la carga de cocaína desde Bolivia en la avioneta que fue interceptada en Argentina. Sin embargo, el plan fue frustrado: agentes de la Fuerza Aérea Argentina detectaron la aeronave y la obligaron a aterrizar de emergencia en el campo de Pueblo Andino, dejándolo con el cargamento abandonado.
La detención y las pruebas en su contra
La captura de Caba Hurtado ocurrió tras un llamado de un vecino que lo divisó atrapado en una barranca del río Carcarañá. La situación llamó la atención de bomberos y de la policía de Santa Fe, quienes rescataron al hombre y procedieron a su identificación. Sin poder justificar su presencia en el lugar, Caba Hurtado fue arrestado en posesión de varias credenciales militares, tarjetas de identidad y otros documentos que confirmaban su procedencia boliviana y, preliminarmente, su relación con el narcotráfico.
Además, los operativos ordenados por el fiscal revelaron indicios clave en el sitio de aterrizaje de la avioneta. La Gendarmería encontró nueve tambores llenos de combustible para avión junto con bombas eléctricas de abastecimiento, una clara evidencia de la preparación logística para el vuelo. Estos elementos refuerzan las sospechas sobre la responsabilidad de Caba Hurtado en la operación de tráfico de drogas.
Un prontuario de violaciones a los derechos humanos
En Bolivia, Caba Hurtado enfrenta cargos por su presunta participación en la llamada “Masacre de Sacaba”, ocurrida en 2019, cuando la represión militar contra manifestantes que rechazaban el gobierno interino de Áñez culminó con la muerte de civiles. El 23 de octubre de 2023, el fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa Ponce, solicitó una pena de 30 años para Áñez y 17 militares, entre ellos Caba Hurtado, por genocidio. A pesar de que la investigación concluyó hace un año, el juicio sigue pendiente, sumando incertidumbre sobre la justicia en los casos de lesa humanidad en el país.
El contrabando y el desafío para las autoridades argentinas
El caso del narcoavión en Pueblo Andino evidencia el creciente problema del narcotráfico en la región y los métodos cada vez más audaces de los contrabandistas. La implicación de un militar boliviano señalado por crímenes de lesa humanidad subraya la complejidad y el alcance de estas redes delictivas que, según la empresa de transporte ferroviario afectada, no pueden operar sin apoyo logístico de compradores locales.
El portavoz de Ferroexpreso Pampeano S.A., empresa afectada por el derrame de soja en el ferrocarril días atrás en Villa Gobernador Gálvez, señaló la importancia de identificar a los compradores de estos productos ilícitos para frenar la cadena delictiva.
El arresto de Caba Hurtado plantea serias cuestiones para las autoridades de ambos países sobre la vigilancia en la frontera y la eficacia en el combate a las redes del narcotráfico. La justicia argentina se enfrenta ahora al desafío de procesar al exmilitar, mientras su situación internacional podría implicar una extradición para enfrentar también las acusaciones en Bolivia.
