El Gobierno nacional presentó este jueves un ambicioso programa de “Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”, una iniciativa con la que busca desmantelar varios de los regímenes informativos que limitaban el uso libre del dinero por parte de los ciudadanos y empresas. En palabras de los funcionarios, se trata de una “desburocratización radical” del sistema tributario, financiero y aduanero argentino.
El anuncio estuvo encabezado por el vocero presidencial Manuel Adorni, junto al ministro de Economía Luis Caputo, el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, y el presidente del Banco Central Santiago Bausili.
Según explicaron, el programa incluye una batería de medidas que se dividirán en dos etapas: una inmediata, que se aplicará por Decreto del Poder Ejecutivo, y otra que requerirá la aprobación de un proyecto de ley en el Congreso, con el objetivo de blindar estos cambios frente a futuras administraciones.
Etapa 1: Decreto para liberar el uso del dinero sin justificaciones
En esta primera fase, el gobierno implementará un conjunto de decisiones dentro del marco legal vigente. La consigna central es clara: “lo tuyo es tuyo y podés usarlo como quieras”, en alusión a los controles sobre el origen de los fondos que, según la visión oficial, resultaban abusivos y afectaban la privacidad de los ciudadanos.
Entre las principales medidas, se derogan varios regímenes de información que obligaban a reportar operaciones económicas y financieras personales al Estado. Algunos de los más destacados son:
Principales regímenes eliminados:
- Consumos con tarjetas y billeteras virtuales: Las administradoras de tarjetas de crédito y débito ya no informarán los gastos personales de los usuarios, que hasta ahora eran monitoreados por ARCA.
- CITI Escribanos: Los escribanos ya no deberán reportar a la autoridad tributaria las operaciones notariales que registran, eliminando el cruzamiento automático de datos.
- Compra-venta de autos usados: Los concesionarios dejarán de informar las operaciones de rodados.
- Pago de expensas: Ya no se reportarán pagos superiores a los $32.000 por parte de administradoras de consorcios.
- COTI (Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles): No será obligatorio reportar operaciones inmobiliarias al poner una propiedad a la venta.
- Consumos relevantes de servicios: Las empresas de electricidad, agua, gas y telefonía no estarán obligadas a compartir datos de consumo con ARCA.
Cambios en la relación con los bancos y otras flexibilizaciones
Otra modificación significativa será la prohibición para los bancos de exigir declaraciones juradas de impuestos nacionales como condición para operar. En caso de ser exigidas, los ciudadanos podrán negarse y recurrir a Defensa del Consumidor.
Además, se anunció que se actualizarán los montos mínimos que activan reportes automáticos de operaciones financieras, aunque los detalles específicos de esos nuevos umbrales aún no fueron publicados.
Etapa 2: Proyecto de ley para dar estabilidad jurídica al programa
El Gobierno también anticipó el envío al Congreso de un proyecto de ley que buscará dar carácter permanente y legalmente blindado a estas medidas. La motivación detrás de esta segunda etapa es evitar que futuras administraciones reviertan los cambios impulsados en nombre de la libertad económica.
“Queremos proteger a los ahorristas frente a los vaivenes políticos y a los sistemas que durante años persiguieron al ciudadano común”, señalaron desde el Ejecutivo, en una crítica directa a las gestiones anteriores y al marco tributario que, según sostienen, “fomentó la informalidad reactiva” como respuesta al exceso de controles.
Una nueva mirada sobre la informalidad
Uno de los ejes discursivos de la medida es la diferenciación entre “informalidad deliberada” —vinculada al delito o la evasión sistemática— y la “informalidad reactiva”, que el Gobierno atribuye al hartazgo social frente a la presión estatal.
En esa línea, el programa apunta a desincentivar la necesidad de esconder el dinero “bajo el colchón”, liberando el uso de los fondos sin temor a ser fiscalizados por cada movimiento o consumo.
¿Qué viene ahora?
Con el decreto en preparación para su publicación y el proyecto de ley aún en desarrollo, el impacto real de estas decisiones se verá en los próximos meses. Mientras tanto, el Ejecutivo busca consolidar el relato de un “cambio de paradigma” que devuelva a los ciudadanos el control sobre sus finanzas personales, promoviendo —según sus palabras— confianza, libertad y privacidad económica.
