El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó una ley que prohíbe la difusión de imágenes sexuales generadas con inteligencia artificial sin el consentimiento de la persona afectada. La norma, conocida como “Take It Down”, fue aprobada por el Congreso con amplio respaldo bipartidista y establece penas de hasta tres años de cárcel para los responsables.
La legislación apunta a frenar el uso malicioso de los llamados deepfakes: videos, audios o imágenes manipuladas por IA que colocan a personas reales en situaciones íntimas falsas, afectando gravemente su privacidad, reputación y salud mental.
Durante el acto de firma en los jardines de la Casa Blanca, Trump estuvo acompañado por la primera dama, Melania Trump, quien respaldó la iniciativa y destacó la importancia de proteger a los jóvenes frente al contenido malicioso en línea.
Medidas clave
La ley contempla tres ejes centrales:
- Prohibición explícita de la publicación o amenaza de publicación de contenido íntimo —real o creado artificialmente— sin consentimiento.
- Obligación para plataformas digitales de eliminar dicho contenido en un plazo máximo de 48 horas luego de la denuncia.
- Sanciones penales y civiles para quienes difundan material sin autorización, incluso si fue generado por herramientas de IA.
Apoyo político y social
Impulsada por el republicano Ted Cruz y la demócrata Amy Klobuchar, la ley fue aprobada en abril con fuerte apoyo en ambas cámaras. Su aprobación responde al creciente número de casos de acoso, extorsión y violencia digital, especialmente contra mujeres y adolescentes.
“La inteligencia artificial no puede ser excusa para violar la intimidad de las personas”, afirmó Trump. “Esta ley protege a los ciudadanos frente a los abusos de una tecnología poderosa que también puede ser peligrosa si no se regula”.
Melania Trump añadió: “Estamos dando un paso importante para que familias y jóvenes estén más seguros en la era digital”.
Un vacío legal que se cierra
Hasta ahora, solo 20 estados contaban con normativas contra los deepfakes, pero con diferencias en tipificación y penas. La nueva ley uniformiza el tratamiento legal a nivel nacional y responde a una demanda creciente de organizaciones de derechos digitales y protección a las víctimas.
La norma también establece un estándar federal que podría influir en otras jurisdicciones y servir de modelo para legislaciones en países que aún no han abordado el problema.
