El vocero presidencial Manuel Adorni anunció este jueves que el Gobierno nacional presentará una apelación contra el fallo judicial que suspendió temporalmente la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, tal como estaba previsto en un reciente decreto presidencial. La medida había sido anunciada como parte del plan de reestructuración del Estado impulsado por la gestión de Javier Milei.
La decisión de apelar fue comunicada por Adorni a través de su cuenta oficial en la red social X (ex Twitter), poco después de conocerse que la Justicia hizo lugar a una medida cautelar presentada por el gremio de trabajadores viales Sevina, que representa a parte del personal del organismo. La resolución judicial establece una suspensión por seis meses de cualquier acto administrativo derivado del Decreto 525/2025, que ordenaba el cierre definitivo de Vialidad Nacional.
La postura del Ejecutivo
La semana pasada, Adorni había anunciado desde la Casa Rosada que el Gobierno avanzaría con la eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional del Tránsito y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, argumentando que esos organismos eran «estructuras burocráticas sobredimensionadas» y calificándolos como «nidos de corrupción vinculados con la obra pública».
El vocero explicó entonces que las funciones esenciales de planificación, diseño y ejecución de obras viales serían absorbidas por la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía. Además, la fiscalización de concesiones pasaría a manos de un nuevo ente: la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
¿Qué hacía Vialidad Nacional?
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) era el principal organismo técnico del país responsable del desarrollo de la infraestructura vial. Entre sus tareas se encontraba la construcción, mantenimiento, fiscalización y conservación de la red nacional de rutas, con el objetivo de garantizar la conectividad territorial, la seguridad vial y el acceso a corredores estratégicos utilizados para el transporte de bienes, personas y el turismo.
La DNV contaba con delegaciones regionales en todo el país, y era un actor clave en la articulación entre Nación y provincias en materia de obras viales. Su rol fue especialmente relevante en las últimas décadas en la ejecución de planes de infraestructura financiados por el Estado nacional o a través de organismos multilaterales.
Cambios más amplios
El decreto cuestionado judicialmente no sólo avanzaba con la eliminación de Vialidad Nacional, sino que también modificaba la estructura de otros organismos de transporte. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), por ejemplo, fue transformada y pasó a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte, una nueva entidad que centralizará las tareas de fiscalización sobre servicios y concesiones ferroviarias, automotoras y viales.
Desde el Gobierno sostienen que la reorganización forma parte de un plan de «racionalización del Estado» que busca reducir estructuras administrativas, bajar el gasto público y combatir prácticas que consideran corruptas o ineficientes en la obra pública.
Qué dice la Justicia
La medida cautelar que frenó la aplicación del decreto fue dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°8, que consideró que la disolución de Vialidad Nacional podría generar «un daño irreparable» al funcionamiento del sistema vial argentino y a los derechos laborales de los trabajadores.
El gremio Sevina, que impulsó la presentación judicial, advirtió que el cierre del organismo no sólo implicaría la pérdida de miles de puestos de trabajo, sino también la parálisis de obras esenciales para el país, especialmente en regiones donde las rutas nacionales son el único vínculo de conexión.
La apelación del Gobierno deberá ser analizada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que tendrá la última palabra sobre la continuidad o no del proceso de disolución.
