En una medida drástica y con un alto impacto en la estructura administrativa del país, el Gobierno argentino anunció la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Este anuncio fue realizado el lunes por el portavoz oficial, Manuel Adorni, desde la Casa Rosada, donde expresó que el Ejecutivo «anuncia muy felizmente que la AFIP dejará de existir». A partir de esta decisión, las áreas correspondientes a la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA) pasarán a estar bajo la órbita del Ministerio de Economía.
Reubicación de empleados y ajuste presupuestario
Uno de los aspectos más controvertidos de la medida es la «reubicación y pase a disponibilidad» de unos 3.100 empleados que, según las palabras del vocero, «ingresaron de manera irregular durante el último gobierno kirchnerista». Este ajuste en la nómina de la entidad forma parte de un plan de reducción del personal, que el Gobierno estima generará un ahorro presupuestario de 6.400 millones de pesos al año. La cifra busca aliviar las finanzas públicas en un contexto de ajuste y reestructuración de varias áreas del Estado.
Ajuste en los salarios jerárquicos
Adorni también detalló que los cambios no solo afectan a los empleados de base, sino que también impactarán en los sueldos de los cargos más altos dentro de la AFIP y sus dependencias. Según explicó, el titular de la AFIP y los directores de la DGI y la DGA dejarán de recibir el concepto de «cuenta de jerarquización», que les permitía percibir sueldos significativamente más altos. En este contexto, el titular de la AFIP, Florencia Misrahi, quien cobraba más de 30 millones de pesos anuales, y los directores de las dependencias, que recibían más de 17 millones, verán sus salarios reducidos a niveles equivalentes a los de ministros y secretarios del gobierno nacional.
Motivos de la reestructuración
El Gobierno justificó esta profunda reestructuración señalando que la AFIP se encontraba sobredimensionada y que su estructura había demostrado limitaciones en su capacidad de respuesta a las demandas del sistema tributario, aduanero y de seguridad social. «La medida se funda en el actual sobredimensionamiento de su estructura que ha mostrado limitaciones en la capacidad para responder de manera ágil y eficaz a las demandas del sistema tributario, aduanero y de la seguridad social, afectando la administración de los recursos públicos y el control de las actividades aduaneras», afirmó Adorni.
En esta línea, el asesor presidencial Santiago Caputo, en coordinación con el titular de la cartera económica, Luis Caputo, impulsó la reforma con el objetivo de mejorar la eficiencia de la recaudación y el control aduanero. Este ajuste, además de reducir la plantilla de empleados, busca una modernización de los procedimientos y una reorientación de los recursos del Estado hacia áreas consideradas más estratégicas.
Nuevas autoridades y creación de la Agencia de Recaudación
Con la desaparición de la AFIP, se creará una nueva entidad denominada Agencia de Recaudación y Control Aduanero, la cual asumirá las funciones que anteriormente correspondían a la disuelta AFIP. Junto con esta reestructuración, se anunció la designación de nuevos directores generales para las áreas clave. Andrés Gerardo Vázquez asumirá el cargo de director general de la DGI, en reemplazo de Gabriel Ramírez, mientras que José Andrés Velis será el nuevo director de la DGA, sucediendo a Eduardo Mallea. Aunque se han producido cambios en estas dependencias, Florencia Misrahi continuará al frente de la AFIP hasta que se complete la transición hacia la nueva Agencia de Recaudación.
Repercusiones y desafíos de la reforma
Esta decisión representa un giro radical en la política tributaria y aduanera del país, y no está exenta de críticas. La reubicación de miles de empleados, junto con la eliminación de la AFIP como institución, ha generado preocupación entre diversos sectores. Sindicatos y empleados de la AFIP han comenzado a manifestar su malestar por lo que consideran una medida que afectará no solo a los trabajadores, sino también a la capacidad del Estado para gestionar adecuadamente la recaudación impositiva y aduanera.
El ahorro presupuestario de 6.400 millones de pesos al año es un objetivo central del Gobierno, pero la pregunta que surge es si esta reestructuración logrará la eficiencia prometida sin afectar negativamente la capacidad operativa de las áreas responsables de la recaudación de impuestos y el control de aduanas. La transición hacia la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero deberá ser observada de cerca, ya que cualquier disrupción en el proceso de recaudación podría generar un impacto en las arcas del Estado y en la relación con los contribuyentes.
