El Ministerio de Trabajo de la Nación dictó este martes la conciliación obligatoria en el conflicto salarial que enfrenta a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) con las cámaras empresarias del sector, lo que derivó en la suspensión del paro nacional que el gremio tenía previsto iniciar este miércoles en todo el país. La medida regirá por un plazo de 15 días, durante los cuales se buscará reencauzar el diálogo y evitar una profundización del conflicto.
La decisión del gobierno se conoció luego de que la UOM definiera un plan de acción gremial escalonado, con protestas progresivas que iban a desembocar en una huelga general de 72 horas. El plan fue votado por el Congreso Nacional de Delegados que el sindicato realizó semanas atrás en Mar del Plata, y respondía al estancamiento de las negociaciones salariales en un contexto de fuerte deterioro de la actividad económica.
La conducción nacional del gremio, encabezada por Abel Furlán, ahora espera ser convocada a una nueva instancia de negociación con los representantes empresariales, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que contemple el impacto de la inflación y el desplome del poder adquisitivo de los trabajadores metalúrgicos.
El sector atraviesa una situación crítica: en los últimos meses se registraron cierres de empresas, suspensiones masivas y despidos, en medio de una caída abrupta de la producción y una creciente presión importadora que amenaza la sostenibilidad de la industria nacional. Esta combinación de factores ha encendido las alarmas no solo en los sindicatos, sino también entre algunos sectores industriales, que advierten sobre un posible vaciamiento del entramado productivo.
En ese marco, el abogado de la seccional Rosario de la UOM, Pablo Cerra, publicó en la red social X un duro diagnóstico sobre el impacto social del conflicto. “Más del 35 % de los trabajadores metalúrgicos está hoy por debajo de la línea de pobreza. Con cada industrial que se habla del tema, todos lo reconocen, pero a la hora de reivindicar salarios se someten a las presiones de un gobierno que parece ser que, en nombre de la libertad, solo homologa paritarias del 1 % mensual”, expresó.
Cerra también advirtió que “muchos no se dan cuenta que están siendo llevados a una trampa rápida de vaciamiento de la actividad en todas sus formas, incluyendo la laboral”, en referencia al debilitamiento progresivo del sector por políticas que —según el gremio— desprotegen la industria nacional frente a la competencia externa y la caída del mercado interno.
La conciliación obligatoria abre, al menos temporalmente, una nueva etapa de diálogo. Sin embargo, tanto desde el gremio como desde distintos sectores del sindicalismo alertan que si no se logran avances concretos en las próximas semanas, las medidas de fuerza podrían reactivarse con mayor intensidad. En un escenario de tensión creciente, el futuro del sector metalúrgico se juega entre la posibilidad de una negociación efectiva y el riesgo de una escalada de conflictividad laboral.
