En una impactante audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal, seis agentes de la Brigada Motorizada, una médica policial y dos civiles fueron imputados por una serie de maniobras ilícitas vinculadas al narcotráfico y la extorsión en el barrio Parque Casas. Los fiscales Pablo Socca y Karina Bartocci detallaron un entramado de corrupción en el que los uniformados protegían a una presunta vendedora de drogas a cambio de favores e incluso coimas millonarias.
El juez Hernán Postma, a cargo del proceso, dio lugar a las acusaciones y ordenó un cuarto intermedio hasta el próximo martes, cuando se reanudará la audiencia. Entre los acusados se encuentran el oficial Marcelo Borovachi y los suboficiales Jesús Soria, Dylan Pérez, Lucila Bellizzi, Ricardo Font y Rodrigo Ramírez, además de la médica policial Mara Romano y los civiles Sandra Álvarez y Rubén «Rana» Gusmaroli.
La red de protección a una presunta narcovendedora
La investigación se centra en los vínculos entre los agentes y Sandra Álvarez, señalada como una referente del narcomenudeo en Parque Casas. Todo comenzó en julio del año pasado, cuando su domicilio en Castagnino al 1200 fue atacado a balazos. A raíz de ese hecho, la Justicia dispuso una custodia policial que quedó a cargo de la Brigada Motorizada. Lejos de ser un control neutral, esta situación derivó en una estrecha relación entre Álvarez y el suboficial Soria, quien empezó a recibir información de la mujer sobre la actividad de grupos rivales.
El 18 de noviembre, Álvarez le pasó a los agentes datos sobre Rubén «Rana» Gusmaroli, a quien acusó de vender armas en el barrio. De inmediato, el suboficial Pérez se hizo pasar por comprador y pactó un encuentro con él. Cuatro días después, la emboscada se concretó: Pérez, junto con Soria, Ramírez y Bellizzi, detuvieron a Gusmaroli y su acompañante. Sin embargo, en lugar de llevarlos ante la Justicia, le exigieron dos millones de pesos de coima para liberarlo y se quedaron con una de las armas incautadas, cuyo paradero sigue siendo desconocido.
En la audiencia, los fiscales revelaron un audio que Soria le envió a Álvarez, donde deja en claro la relación de connivencia:
«Lo dejé libre. Metí en cana al otro. Igual, nos hicimos amiguitos. A ver si el loco se pone la 10 con nosotros y nos tira alguna data. Ya le dije dónde vive, cómo se llama, qué auto tiene, todo. Por lo menos en pelotudo no se va a poner”.
Posteriormente, Soria intentó establecer contacto directo con Gusmaroli para obtener información sobre otras actividades delictivas en la zona. Como este no le respondió por WhatsApp, decidió ir personalmente a su casa para exigirle 20 millones de pesos a cambio de no denunciarlo.
Secuestros irregulares, torturas y una médica cómplice
El segundo hecho imputado tuvo lugar el 27 de enero en Superí al 2000, donde fueron detenidas dos personas: una mujer de 72 años y un hombre de 31, acusados falsamente de vender drogas para la banda de Marcelo «Frentudo» Fernández, rival de Álvarez.
Según la acusación, la suboficial Bellizzi sacó nueve envoltorios de cocaína de su chaleco y se los plantó a la anciana para justificar su arresto. En paralelo, Pérez golpeó con un bastón al hombre, lo tiró al piso y le pisó las manos para que confesara quiénes comercializaban drogas en la zona.
Ambos fueron trasladados a la comisaría 10ª, pero en lugar de ser liberados tras la averiguación de antecedentes, quedaron detenidos durante 17 días. En el caso del hombre, la médica policial Mara Romano también quedó en la mira de la Justicia, ya que en su informe negó la existencia de lesiones, cuando en realidad un posterior examen forense evidenció las marcas de los golpes.
Según los fiscales, Pérez incluso amenazó a la víctima dentro de la seccional: «Seguí aguantando que te voy a quebrar las piernas”.
Finalmente, la Justicia terminó desestimando las acusaciones contra estas dos personas, quienes recuperaron la libertad tras casi tres semanas de encierro injustificado.
El impacto del caso y lo que viene
Este escándalo pone nuevamente en el centro de la escena la corrupción policial en Rosario y sus oscuros lazos con el narcotráfico. Las imputaciones revelan un modus operandi alarmante: en lugar de combatir el delito, los efectivos habrían utilizado su autoridad para sacar provecho económico, plantar pruebas y negociar con narcotraficantes.
El martes próximo continuará la audiencia y se espera que se amplíen las pruebas presentadas por la Fiscalía. Mientras tanto, los acusados permanecen bajo la lupa de la Justicia en uno de los casos más graves de corrupción policial de los últimos tiempos.