La Policía de Rosario atraviesa una de las mayores crisis institucionales de los últimos años. El Ministerio de Seguridad de Santa Fe intervino este lunes la Unidad Regional II tras destaparse un esquema de corrupción que involucra la malversación de 45 millones de pesos mensuales en el sistema de provisión de combustible para móviles policiales. Como resultado, 16 agentes fueron detenidos, junto a 4 civiles, y se desplazó a la cúpula policial del departamento Rosario. La intervención tendrá una duración de 90 días.
La medida fue anunciada en una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, junto al fiscal regional Matías Merlo, el fiscal de la causa José Luis Caterina y el recientemente designado interventor, Claudio Romano, quien retorna al servicio activo para asumir el control de la fuerza en Rosario.
Denuncia anónima y una investigación de diez meses
El caso se originó a partir de una denuncia anónima, que derivó en una investigación reservada conducida por la Dirección de Asuntos Internos y la Fiscalía de Delitos Complejos. Durante más de diez meses, los investigadores recopilaron evidencia que da cuenta de un sistema de sobrefacturación de combustible en connivencia con una estación de servicio de la ciudad.
Según explicó el fiscal Caterina, uno de los hallazgos más graves fue la incautación de unas 300 tarjetas «Visa Flota» –destinadas a la carga de combustible de patrulleros– que estaban concentradas en manos de un grupo reducido de personas, cuando deberían estar en posesión individual de cada chofer.
“Se detectó una sobrefacturación sistemática, en complicidad con una estación de servicio ubicada en Ovidio Lagos al 3900”, señaló Caterina. Agregó que incluso se encontró un posnet de esa misma estación en la casa de uno de los detenidos, lo que evidencia una maniobra deliberada para redireccionar fondos públicos.
38 allanamientos y detenciones
Como parte de la investigación se llevaron a cabo 38 allanamientos simultáneos en distintas dependencias policiales y domicilios particulares. Los operativos alcanzaron oficinas de la Jefatura de Policía, del Comando Radioeléctrico, la Policía Motorizada, el Grupo Táctico Multipropósito (GTM), la División Logística, y otras reparticiones claves. Además, se realizaron procedimientos en viviendas de Rosario, Funes, Alvear, Pueblo Esther, Pérez, Monte Flores y Villa Gobernador Gálvez.
En total, 16 policías fueron detenidos, muchos de ellos con rangos jerárquicos, además de cuatro civiles vinculados al esquema. Los agentes involucrados fueron puestos en disponibilidad de manera preventiva, mientras avanza la causa judicial.
Una maniobra de 45 millones de pesos mensuales
El perjuicio económico al Estado es millonario. Según indicó la fiscalía, de los 380 millones de pesos mensuales asignados al patrullaje en Rosario, se desviaban alrededor de 45 millones mediante esta operatoria fraudulenta. Parte de ese dinero habría sido distribuido en efectivo entre los implicados.
Las intervenciones telefónicas autorizadas por la Justicia revelaron comunicaciones entre empleados de la estación de servicio y personal policial, donde se acordaban pagos ilegales y se mencionaban entregas de dinero en mano. También se colocaron dispositivos GPS en patrulleros para contrastar la cantidad de combustible cargado con los recorridos realizados.
Cambios en la cúpula policial y auditoría interna
El ministro Cococcioni informó que tanto el jefe de la Unidad Regional II, Daniel Acosta, como su segundo, Mariano Govi, fueron desplazados de sus cargos. Aunque no fueron imputados, su separación fue automática tras la intervención. En su lugar asumirá Claudio Romano, quien llevará adelante una auditoría integral con especial foco en el área de movilidad y en el control del uso de recursos públicos.
“No vamos a permitir que algunos vivos hagan negocios particulares con la seguridad”, afirmó Cococcioni. Y agregó: “La inversión en seguridad va acompañada de controles estrictos. Valoramos el compromiso de la mayoría de los efectivos, pero no vamos a tolerar la corrupción institucional”.
Compromiso con la transparencia
La intervención de la UR II busca restablecer la legalidad en la administración de fondos públicos y garantizar que el dinero asignado a la seguridad cumpla su propósito. “Debemos asegurar que cada peso que los contribuyentes destinan a seguridad sea efectivamente utilizado, y no desviado para beneficios personales”, concluyó el ministro.
La causa continúa en curso y no se descartan nuevas imputaciones en los próximos días. El gobierno provincial ratificó su compromiso con la transparencia y el combate a la corrupción en las fuerzas de seguridad.
