Las extorsiones telefónicas desde las cárceles siguen siendo una preocupación latente en Rosario. Esta vez, un recluso de la prisión de Coronda sumó nuevas imputaciones tras ser acusado de intentar extorsionar a comerciantes locales mediante llamadas realizadas con un celular desde su celda. La maniobra, que no llegó a concretarse en ninguno de los casos, se habría extendido entre noviembre de 2024 y enero de 2025, y tuvo como blanco a comerciantes de distintos barrios de la ciudad y de Funes.
Pero el detenido no actuó solo. Su pareja, Yoana Fernández, fue arrestada días atrás en el barrio Las Flores, acusada de haber colaborado con las extorsiones, aportando información sobre las víctimas e incluso filmaciones que sirvieron para intimidarlas.
El modus operandi: amenazas, videos y la invocación a Los Monos
El recluso imputado es Nicolás Emanuel Amarilla, de 26 años, quien cumple una condena unificada de seis años de prisión efectiva desde agosto de 2023. Su caso vuelve a poner en evidencia el problema del “call center” carcelario, fenómeno que ha proliferado en los pabellones de diversas unidades penitenciarias santafesinas.
Uno de los primeros hechos denunciados ocurrió el 26 de octubre, cuando un comerciante de barrio Belgrano que alquila autos recibió un llamado en nombre de “la mafia”. Con insultos y amenazas, le exigieron 10 mil dólares para “trabajar tranquilo”. Para reforzar la intimidación, le enviaron por WhatsApp un video del frente de su local.
Semanas después, el 18 de noviembre, un quiosquero de barrio Las Flores Sur vivió una situación similar. En una llamada por línea común, una voz desconocida lo amenazó con la frase: “Ahí tengo los pibitos fuera de tu casa”. La exigencia en este caso osciló entre 100 y 200 mil pesos, bajo el argumento de que era un pago por “protección”. La fiscalía sostiene que Amarilla pudo realizar este apriete gracias a la información proporcionada por Fernández, quien residía cerca del negocio de la víctima.
El patrón de las extorsiones se repitió el 1 de diciembre, cuando una mujer de Ludueña recibió un llamado donde se le advirtió que debía “empezar a pagar” para seguir en la zona. La amenaza fue directa: “Ludueña es de nosotros, ustedes lo saben muy bien”. Sin embargo, la mujer optó por cortar la comunicación.
El último episodio registrado data del 23 de enero y tuvo como objetivo a un comerciante de Funes. En esa oportunidad, Amarilla intentó justificar el apriete acusando al empresario de haber despedido a su pareja. En este caso, la fiscalía calificó la causa como “amenazas simples”, ya que no hubo una exigencia de dinero.
La justicia avanza: imputaciones y traslado a Piñero
El fiscal Pablo Rébola presentó en la audiencia escuchas telefónicas, entrecruzamientos de información y declaraciones testimoniales que refuerzan la hipótesis de la acusación. Ante esto, solicitó que Amarilla sea trasladado a la cárcel de Piñero, donde, en teoría, existen mayores controles y sistemas de inhibición de señal telefónica.
Tras evaluar las pruebas, la jueza Melania Carrara imputó a Amarilla por extorsión en grado de tentativa y amenazas simples calificadas por su carácter anónimo. Además, dictó prisión preventiva sin plazos, lo que implica que el detenido permanecerá tras las rejas más allá de la condena que ya cumple.
Por su parte, Yoana Fernández quedó detenida bajo el cargo de extorsión en tentativa y deberá enfrentar el proceso judicial desde la cárcel.
La causa no solo expone la vulnerabilidad del sistema penitenciario ante el uso de celulares, sino también la persistencia de estas mafias carcelarias que buscan expandir su control mediante el miedo y la violencia. Mientras tanto, los comerciantes siguen siendo el blanco predilecto de estas redes delictivas, obligados a convivir con la amenaza constante de la extorsión.