La agroexportación argentina vuelve a poner en agenda la necesidad de avanzar con la licitación de la hidrovía Paraná-Paraguay, clave para el comercio exterior del país. El sector privado apuesta a un cronograma de seis meses: tres meses para la revisión de los pliegos y otros tres para la recepción de ofertas. Si este esquema se cumple, la adjudicación podría concretarse a fines de septiembre, un plazo que empresarios y puertos consideran “totalmente razonable” tras 15 años de espera.
El optimismo empresarial se debe, en parte, a la velocidad inicial que el gobierno de Javier Milei imprimió al proceso. Sin embargo, la intención de cerrar la licitación en apenas 90 días fue vista como una aceleración excesiva. Ahora, el objetivo es encontrar el equilibrio entre la larga espera desde el vencimiento de la concesión original en 2005 y la necesidad de avanzar sin demoras innecesarias.
El lobby agroexportador busca cambios en los pliegos
Con las mesas de diálogo ya abiertas, el sector privado busca introducir mejoras en los términos y condiciones de la licitación. Entre las principales demandas se encuentra garantizar un calado navegable de 40 pies, siempre que los estudios de impacto ambiental lo permitan, y lograr tarifas más competitivas. Para ello, proponen modificar la fórmula polinómica que define la compulsa, reduciendo el peso de la oferta técnica y eliminando requisitos ajenos al dragado y balizamiento, como inversiones en tecnología de seguridad, control ambiental y remoción de cascos hundidos.
Sin embargo, desde el Gobierno las señales son mixtas. El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos (ANP), Iñaki Arreseygor, anunció la pronta convocatoria a una mesa de diálogo, pero aclaró que no se bajarán los niveles de exigencia técnica, sin especificar los cambios concretos. Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, adelantó que se analiza reducir el plazo del contrato de 30 a 20 años, una de las principales objeciones al proceso anterior.
¿Timing o legitimidad? El desafío de recuperar la confianza
Más allá de los plazos, el proceso enfrenta el desafío de recuperar su legitimidad tras años de acusaciones cruzadas entre oferentes, usuarios, políticos y sindicalistas. La reciente comparecencia de Arreseygor ante la Cámara de Diputados expuso las tensiones internas del oficialismo. El funcionario sorprendió al señalar al expresidente Mauricio Macri y al exministro de Transporte Guillermo Dietrich como responsables del boicot que frustró la licitación anterior, insinuando que buscaban influir en la elección del próximo operador.
Esta acusación política, que no tuvo mayor repercusión mediática debido al escándalo del “criptogate”, añadió incertidumbre al proceso. A ello se suma el temor de los usuarios de la hidrovía a que la licitación quede trabada en la Justicia, en la burocracia estatal —con gerentes de la vieja Administración General de Puertos (AGP) ahora asesorando a la ANP— o en disputas entre las empresas dragadoras internacionales por el diseño y las exigencias de la obra.
La urgencia de avanzar: inversiones millonarias y competitividad exportadora
El contexto económico refuerza la necesidad de acelerar el proceso. La vía navegable requiere inversiones urgentes para aumentar el calado, realizar obras complementarias y modernizar la tecnología de navegación. Solo las dragadoras multinacionales que compiten por el contrato tienen la capacidad financiera y técnica para llevar adelante estas obras con la rapidez que exige el sector.
Para los principales usuarios de la hidrovía —puertos, cerealeras y aceiteras—, lograr que la licitación avance bajo el esquema de 3 + 3 es esencial para recuperar la competitividad de las exportaciones argentinas. La incertidumbre prolongada genera costos adicionales y limita la capacidad de planificación a largo plazo.
¿Se destraba el laberinto?
El futuro de la licitación depende ahora de la capacidad del gobierno para equilibrar las demandas del sector privado, los requisitos técnicos y las presiones políticas. Si bien la fórmula de 3 + 3 ofrece un plazo razonable para reflotar el proceso, aún queda por resolver si los cambios en los pliegos serán suficientes para atraer a los oferentes y garantizar la transparencia y eficiencia de la nueva concesión.
Mientras tanto, el reloj ya está en marcha y el sector agroexportador espera que esta vez la licitación, nunca mejor dicho, llegue a buen puerto.