La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este lunes una acción de amparo ante la Justicia para frenar la aplicación del decreto presidencial 340/2025, que amplía el listado de actividades consideradas esenciales y, en consecuencia, restringe el derecho a huelga en esos sectores.
La presentación fue realizada ante el Juzgado Laboral N°3, que encabeza la jueza Moira Fullana, y constituye el primer paso formal del principal sindicato del país en su estrategia para impugnar una normativa que consideran “regresiva” y “anticonstitucional”.
La central obrera ya había expresado su rechazo público al decreto al calificarlo como un intento de “suprimir el derecho a huelga de un plumazo y sin debate”, y había anticipado que recurriría a los tribunales para impedir su aplicación. “El movimiento obrero dará batalla en los tribunales, en las calles y en los lugares de trabajo”, había advertido en un comunicado.
Por su parte, el cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, confirmó que esperan un fallo favorable, en línea con lo resuelto por la Justicia en instancias anteriores. “Estamos seguros de que se va a sostener lo que ya dictó la Justicia con respecto a este tema”, afirmó, aludiendo al precedente del DNU 70/2023, también cuestionado judicialmente por la CGT y cuya aplicación fue parcialmente suspendida.
El nuevo decreto establece que los sectores esenciales deberán garantizar entre un 50 y un 75 por ciento de su funcionamiento durante una medida de fuerza, dependiendo del servicio. Entre las actividades alcanzadas se encuentran los servicios sanitarios, farmacéuticos, de telecomunicaciones, transporte de personas y mercancías, energía, educación, migraciones, aduanas, y el control del tráfico aéreo y portuario.
Desde la CGT sostienen que la medida vulnera el derecho constitucional a la huelga y representa una reedición del DNU 70/23, cuyo capítulo laboral fue rechazado por la Justicia. La central sindical insiste en que cualquier modificación de derechos laborales debe surgir del debate legislativo y no de decisiones unilaterales del Poder Ejecutivo.
