En una operación judicial que promete abrir un nuevo capítulo en la lucha contra el tráfico ilegal de armas en Rosario, el juez Hernán Postma ha dictado prisión preventiva para 11 de los 14 imputados por su presunta participación en el desvío de armas hacia el mercado negro. Los acusados, quienes poseen licencias de usuarios legales, fueron detenidos tras una exhaustiva investigación dirigida por los fiscales Gastón Ávila y Carla Cerliani, del Equipo de Trabajo para el Abordaje Estratégico de Armas de Fuego. Este equipo se dedica a rastrear y prevenir la proliferación de armas en manos de organizaciones delictivas.
Uno de los elementos clave en el caso es el uso de una pistola robada denunciada por uno de los acusados, que fue empleada en un doble homicidio en mayo de este año. Según la Fiscalía, el dueño del arma intentó encubrir su involucramiento con una denuncia falsa de robo realizada poco después del crimen, lo que ha profundizado las sospechas sobre su participación en el comercio ilegal de armas.
Un Convenio Estratégico para Frenar el Tráfico Ilegal de Armas
El fiscal Ávila, quien ha estado al frente de la investigación, destacó el avance logrado gracias a un acuerdo firmado en abril de 2024 entre el Ministerio Público de la Acusación, el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). Este convenio ha permitido una colaboración coordinada y eficaz entre distintas agencias para abordar el flujo de armas legales hacia circuitos ilegales. «A partir de este acuerdo, pudimos detectar un patrón sospechoso en un grupo de 12 personas que, juntas, poseían más de 200 armas», explicó Ávila.
Sin embargo, la sorpresa surgió cuando, tras los allanamientos, sólo se lograron encontrar dos armas de ese arsenal sospechoso. Este vacío plantea un interrogante inquietante para los investigadores: ¿dónde se encuentran las armas restantes?
Investigación y Análisis de Balística para Rastrear Armas de Fuego
La Fiscalía, en conjunto con el Sistema Nacional Automatizado de Identificación Balística (SAIB), ha analizado información obtenida de diversas fuentes y ha logrado cotejar vainas de distintos hechos delictivos, detectando vínculos entre estos y ciertas armas. Esto ha permitido trazar un mapa de crímenes en los que las armas denunciadas como «robadas» han sido utilizadas, lo que ha reforzado las sospechas de que los imputados usaban su estatus de legítimos usuarios para abastecer al mercado negro.
En esta línea, Ávila relató cómo se rastrearon perfiles de compradores que adquirían múltiples armas de fuego de forma casi simultánea, un comportamiento atípico para un usuario común. “Identificamos personas con cinco o más armas calibre 9 milímetros, un calibre muy utilizado en Rosario, y situaciones patrimoniales que no justifican esas adquisiciones”, detalló Ávila, describiendo compras cercanas en el tiempo de armas idénticas, un patrón que calificó como inusual e inquietante.
“Compras de Paja”: Un Mecanismo para la Venta Ilegal de Armas
Uno de los hallazgos más significativos en la investigación es el concepto de «compras de paja» o «straw purchases». En este esquema, los acusados, aunque cumplen los requisitos de usuarios legales, adquieren armas con la intención de venderlas en el mercado negro. Los investigadores detectaron casos de personas sin ingresos suficientes que lograron adquirir hasta 35 pistolas en poco más de un año, con un valor que supera los 28 millones de pesos, lo que resulta incompatible con su situación financiera.
En particular, uno de los implicados compró en 15 meses pistolas calibre 9 milímetros por montos superiores a su salario mensual de 600 mil pesos, lo que refuerza la hipótesis de que estas adquisiciones eran destinadas a terceros y no al uso personal.
Imputaciones y Prisión Preventiva para la Mayoría de los Acusados
Tras la audiencia de imputación, el juez Postma dictó prisión preventiva hasta el 3 de febrero de 2025 para los principales acusados, Flavio P. y Lucas P. Otros implicados, entre ellos Federico P., Alexis M., y Pablo S., enfrentarán prisión preventiva hasta el 10 de diciembre. Sin embargo, algunos, como Alfredo P., Pablo M. y Daniel P., lograron medidas alternativas a la prisión.
La Fiscalía acusa a los imputados del delito de “provisión ilegal de armas de fuego con habitualidad en calidad de autor”, y en ciertos casos, por denuncias falsas y posesión irregular de armas.
El Caso Sancanela y el Doblete Mortal
Una de las aristas más complejas del caso es la acusación contra Claudio Sancanela, un usuario legal de armas que ahora enfrenta cargos adicionales por su presunta participación en un doble homicidio ocurrido en mayo. Según la Fiscalía, una de las pistolas de Sancanela fue utilizada por sicarios que asesinaron a Julieta Gaitán, de 23 años, y a Dalma García, de 19 años, en un violento ataque en barrio Alvear. Posteriormente, Sancanela denunció como robadas cinco de sus armas, un intento que la Fiscalía califica como “denuncia falsa”.
La misma noche del crimen, la Policía logró aprehender a los autores y confiscar una Taurus 9 milímetros que pertenecía a Sancanela. Ahora, el juez ha dictado prisión preventiva sin límite de tiempo para él, ya que se considera un riesgo para la sociedad.
Investigación sobre el Rol de las Armerías
Finalmente, el fiscal Ávila señaló que la investigación sigue activa y que la Fiscalía está evaluando la responsabilidad de las armerías que podrían haber facilitado estas ventas sospechosas. Una de las empresas involucradas, la firma Bordoni, ha sido allanada y permanece clausurada mientras continúan las investigaciones.
Esta operación representa un golpe a las redes de tráfico ilegal de armas en Rosario y se proyecta como un caso emblemático para futuras intervenciones en el combate al mercado negro de armas, un problema que sigue afectando gravemente la seguridad pública en la región.