A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, el presidente Javier Milei oficializó una medida que modifica sustancialmente el alcance del derecho a huelga en Argentina. La norma establece nuevas restricciones y redefine cuáles son las actividades consideradas esenciales, obligando a garantizar un mínimo de funcionamiento aun en el marco de conflictos sindicales o paros generales.
La disposición fue publicada en el Boletín Oficial este miércoles y se enmarca en una serie de reformas estructurales impulsadas por el Gobierno nacional, con el objetivo –según argumenta el Ejecutivo– de “garantizar el funcionamiento de servicios fundamentales para la población y la economía”.
Cambios clave en el derecho a huelga
El decreto impone nuevas condiciones sobre los conflictos laborales que afecten servicios esenciales o actividades de importancia trascendental. Según el artículo 3, en estos casos se deberá asegurar una prestación mínima obligatoria:
- Servicios esenciales: no podrán operar con una cobertura inferior al 75% del servicio normal.
- Actividades de importancia trascendental: deberán garantizar al menos el 50% del servicio habitual.
Estas cifras no son negociables entre las partes, ni pueden ser reducidas por acuerdos sindicales o patronales. La medida representa una limitación directa al derecho constitucional de huelga, al imponer condiciones mínimas de funcionamiento que deberán ser respetadas incluso durante medidas gremiales.
¿Qué actividades se consideran “esenciales”?
El decreto amplía considerablemente el listado de actividades que quedan bajo la categoría de esenciales. A las ya tradicionales como salud o energía, se suman nuevas áreas estratégicas:
- Navegación marítima y fluvial comercial: transporte de personas y mercancías, servicios conexos y operaciones costa afuera. Esto afecta directamente a Santa Fe y la región, por su vinculación con los puertos del Gran Rosario.
- Aeronáutica comercial y servicios portuarios: incluye control de tráfico aéreo y marítimo, balizamiento, dragado, amarre, estiba, remolque y desestiba de buques.
- Servicios aduaneros y migratorios, y otros relacionados con el comercio exterior.
- Servicios sanitarios y hospitalarios, junto con el transporte y distribución de medicamentos e insumos médicos, además de la actividad farmacéutica.
- Producción, distribución y comercialización de agua potable, gas, combustibles y energía eléctrica.
- Telecomunicaciones, incluyendo servicios de internet y comunicaciones satelitales.
- Cuidado y educación de menores, desde nivel guardería hasta educación secundaria, incluyendo la educación especial.
El decreto señala que todas estas actividades deberán seguir prestando servicio de manera ininterrumpida, incluso en el contexto de huelgas generales, como la que se lleva adelante hoy en todo el país.
Adhesiones ministeriales y contexto político
Además de la firma del presidente Milei, el decreto cuenta con el respaldo de varios miembros del gabinete nacional. Firman la medida los ministros Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores), Luis Petri (Defensa), Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad), Mario Iván Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Federico Sturzenegger (Desregulación del Estado).
La decisión se enmarca en un paquete de desregulación más amplio, que incluye cambios en el sector de la marina mercante y reformas laborales. Desde el Gobierno se justifica la medida como una forma de “evitar bloqueos” a sectores clave y “garantizar la continuidad de servicios fundamentales para la sociedad”.
Reacción sindical en Rosario y el país
En Rosario, los principales gremios expresaron un fuerte rechazo a la medida y se sumaron al tercer paro general convocado desde el inicio de la gestión de Milei. La medida de fuerza afecta escuelas, hospitales, transporte público, administración pública y múltiples sectores productivos.
Dirigentes sindicales advirtieron que el nuevo decreto “vulnera derechos fundamentales” y adelantaron que analizan recurrir a la Justicia para impugnarlo. También se espera una reacción en el Congreso, donde parte de la oposición podría presentar proyectos para frenar la medida o exigir su revisión.
Desde la CGT nacional también se pronunciaron en contra, calificando la norma como “una provocación” en medio de un clima social y económico ya tenso.
