Las elecciones para convencionales constituyentes de este domingo en Santa Fe registran la participación más baja de los últimos tiempos: solo votó el 45% del padrón. De un total de 2.835.704 personas habilitadas, apenas 1.556.994 concurrieron a las urnas. El dato es contundente, pero también esconde una problemática más profunda: la falta de actualización de la ley electoral, que impide sancionar a quienes no votan, pese a que el sufragio es obligatorio.
Mientras la provincia se prepara para una reforma histórica de su Constitución —la primera en 62 años—, el desinterés ciudadano se expresó con fuerza. Ni la magnitud del proceso ni el rol protagónico de los futuros convencionales alcanzó para convocar a la mayoría del electorado.
Una ley del siglo pasado
Más allá del desinterés político o del contexto social, hay una causa estructural que favorece este tipo de ausentismo: la ley electoral que rige en la provincia data de 1940 y nunca fue actualizada.
El artículo 129 de la ley 2.600, aún vigente, establece que “el elector que sin causa justificada dejase de emitir su voto en cualquier elección efectuada en su Distrito o Sección electoral, será penado con una multa de diez pesos moneda nacional”. Pero hay un pequeño gran detalle: esa moneda dejó de existir hace 40 años, y el monto jamás se readecuó.
De hecho, el “peso moneda nacional” fue reemplazado en 1985, y cualquier intento de aplicar hoy la multa literal de diez pesos caería en el absurdo. Fuentes del área electoral confiaron a Rosario3 que, de querer aplicarse actualmente esa sanción, el monto sería de apenas $10, es decir, menos que el costo del trámite administrativo para efectivizarla. “Es más caro perseguir al infractor que la multa misma”, admiten.
Una maquinaria sin dientes
El problema no se agota en la multa simbólica. La ley también prevé la posibilidad de iniciar un proceso penal contra los incumplidores. Pero ahí aparece otro escollo institucional: el mismo artículo plantea que la Secretaría Electoral debe acusar a los infractores ante jueces Correccionales, una figura que ya no existe en el sistema judicial santafesino.
En otras palabras, la estructura para sancionar a quien no cumple con su deber cívico está completamente desarticulada. Hoy, lo único que se conserva es un registro administrativo de las personas que no asistieron a votar, sin consecuencias legales ni administrativas para el infractor.
¿Por qué no se actualizó?
La pregunta cae de madura: ¿cómo puede ser que una ley electoral no se haya actualizado en más de 80 años? Las respuestas son múltiples y, en parte, políticas. Durante décadas, la reforma de la Constitución fue postergada una y otra vez. La estructura legal electoral quedó atrapada en el mismo limbo institucional, sin consensos para su modernización. Y en el mientras tanto, el peso moneda nacional desapareció, los jueces correccionales dejaron de existir y la cultura del “no pasa nada si no voy a votar” se consolidó.
Hoy, con una participación que ni siquiera alcanzó la mitad del padrón, la falta de sanciones cobra relevancia. Porque no solo se trata de un número: se trata de la legitimidad de los procesos democráticos. Que 1,2 millones de santafesinos hayan decidido no votar este domingo, sin tener ningún tipo de consecuencia, pone en crisis no solo la ley electoral, sino también la relación entre el ciudadano y el sistema político.
¿Y ahora?
Con una convención constituyente a punto de iniciar el camino hacia una nueva Constitución, el dato del ausentismo se cuela en la agenda. Porque no solo hay que discutir qué provincia queremos en el futuro: también es momento de preguntarnos qué herramientas tenemos para sostener la democracia en serio. Y eso implica revisar una ley electoral que, literalmente, pertenece a otro siglo.
