En una Semana Santa marcada por la incertidumbre, la tensión y el peligro real de una regresión autoritaria, Rosario se alza como símbolo de firmeza democrática. A 38 años del alzamiento carapintada de 1987, el recuerdo de aquellos días revive con la potencia de lo histórico y el valor de lo ejemplar. Fue en ese contexto convulsionado cuando el Concejo Municipal de Rosario asumió un rol protagónico y se transformó en refugio del Gobierno provincial, espacio de deliberación política y bastión de defensa institucional frente a una amenaza que puso en jaque al sistema democrático argentino.
Todo comienza el 16 de abril de 1987, Jueves Santo. En plena Semana Santa, un grupo de militares del Ejército Argentino se subleva en Córdoba y Buenos Aires. La chispa que desata la crisis es la negativa del ex mayor Ernesto “Nabo” Barreiro —acusado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura— a presentarse ante la Justicia. Su decisión de tomar el Regimiento 14 de Infantería Aerotransportada en Córdoba encendió la mecha. Al día siguiente, desaparece, y el clima se vuelve irrespirable. La rebelión se expande. El epicentro se traslada a la Escuela de Infantería de Campo de Mayo, donde un grupo de militares, liderados por el teniente coronel Aldo Rico, se atrinchera y exhibe su postura insurreccional ante las cámaras, con los rostros cubiertos con betún. Nacían así los tristemente célebres “carapintadas”.
La respuesta del poder político en Santa Fe es contundente. El gobernador José María Vernet se traslada a Rosario junto a su gabinete y se instala en el Concejo Municipal. El Palacio Vasallo se convierte en cuartel general de la legalidad. Se decreta el estado de emergencia en la provincia y la actividad legislativa local entra en sesión permanente. Desde ese momento, el Concejo se transforma en un actor clave del proceso: recibe a funcionarios, organizaciones sociales, estudiantiles, gremiales, eclesiásticas y de derechos humanos. Todas convergen con un objetivo común: blindar la democracia.
El viernes 17 de abril, día crucial de la crisis, Rosario vive una jornada que queda grabada en la memoria colectiva. A las 9 de la mañana, el gobernador ingresa al recinto legislativo para una reunión clave. La tensión se respira en el aire. Media hora después, emite una declaración cautelosa ante la prensa. Afuera, la ciudad se prepara para una demostración masiva en defensa del Estado de derecho. Cerca de 25.000 personas se movilizan desde la plaza 25 de Mayo hasta el Monumento Nacional a la Bandera, en una marcha cívica imponente, plural y transversal. Rosario alza la voz.
Durante esos días, el Concejo emite una declaración institucional compuesta por tres puntos claves: el repudio absoluto a cualquier intento de quebrantar el orden democrático, la reafirmación del compromiso con la Constitución y el llamado a la ciudadanía a convertirse en garante activa del orden institucional. El documento, aprobado en una sesión extraordinaria, es acompañado por una avalancha de adhesiones. Diversas entidades de la ciudad acercan una declaración común reafirmando la vigencia del Estado de derecho.
El rol del Concejo trasciende lo simbólico. La firma de la histórica Acta de Compromiso Democrático representa un gesto concreto de resistencia y construcción institucional. En ella se expresa el rechazo a las presiones de “facciones discordantes” que amenazan con desestabilizar el país. Concejalas y concejales de todos los bloques se mantienen en vigilia, sosteniendo el cuerpo en sesión permanente, en una muestra inédita de unidad política frente a la adversidad.
Entre los nombres que quedan para la historia, figuran Emeterio Pastor (presidente del Concejo), junto al secretario parlamentario Héctor Premoli y el subsecretario Mateo Capillo. Los acompañaron ediles de todos los espacios políticos: Héctor Cavallero, Marta Amirati, Luis Ballerini, Vladimiro Escauriza, Nilda Buttazoni, Leopoldo Declercq, Alberto Fernández, Elbio Martínez, Silvio Scolaro, Carlos Silvetti, entre muchos otros. Todos ellos, desde sus bancas, se transformaron en guardianes del sistema democrático cuando más se los necesitaba.
En paralelo, el entonces presidente Raúl Alfonsín encabeza una serie de negociaciones intensas que derivan en el levantamiento de la sublevación. El domingo de Pascua, con el país aún conmovido, pronuncia su recordada frase desde la Casa Rosada: “La casa está en orden”. Aunque las tensiones no desaparecen, el mensaje tiene un efecto pacificador. El sistema democrático sobrevive, pero la herida permanece.
Hoy, rememorar aquellos hechos no es solo una cuestión de memoria histórica. Es también un ejercicio de reafirmación de valores: la legalidad, la convivencia democrática, la participación ciudadana y el coraje político. Rosario, con su Concejo al frente, supo estar a la altura. La ciudadanía también. La Semana Santa de 1987 no fue solo un episodio político; fue una gesta colectiva que demostró que la democracia no es un regalo, sino una conquista que se defiende todos los días.
