El diputado provincial Martín Rosúa (UCR) presentó un proyecto para que la Legislatura de Santa Fe sea sede de una jornada de debate sobre la posible baja en la edad de imputabilidad penal en Argentina. La propuesta se enmarca en la discusión nacional sobre modificar el régimen penal juvenil y surge en respuesta a la creciente preocupación por el uso de menores en hechos delictivos, especialmente en Rosario y Santa Fe capital.
Un espacio para discutir la baja de imputabilidad
La iniciativa apunta a convocar a especialistas en derecho penal juvenil, operadores del sistema de justicia, académicos, organizaciones sociales y funcionarios públicos a un encuentro abierto que promueva el análisis y la reflexión.
“Queremos generar un espacio de debate serio en torno a la posible modificación del régimen penal de menores y evaluar las consecuencias que esto podría tener, especialmente en el contexto santafesino”, explicó Rosúa.
El legislador considera que el debate sobre la edad de responsabilidad penal, actualmente fijada en 16 años, es una cuestión de alta relevancia jurídica y social, que no debe resolverse sin un análisis integral que contemple las implicancias legales, sociales y operativas de cualquier reforma.
Pedido de informes sobre el uso de menores en delitos
En paralelo, Rosúa también ingresó un Proyecto de Comunicación para solicitar al Poder Ejecutivo provincial —a través del Ministerio de Justicia y Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación— un informe detallado sobre la participación de menores en hechos delictivos en la última década.
El pedido incluye:
- Estadísticas sobre causas judiciales con menores involucrados.
- Evolución del fenómeno en los últimos 10 años.
- Aplicación de protocolos existentes.
- Políticas públicas implementadas frente al uso sistemático de menores por parte de adultos para cometer delitos.
La preocupación del legislador se centra en una modalidad delictiva creciente, en la que adultos manipulan o utilizan a niños y adolescentes para llevar a cabo actos delictivos, aprovechando su inimputabilidad o la debilidad del marco legal actual.
Vacío legal y necesidad de una reforma nacional
Rosúa sostiene que esta problemática requiere una respuesta legislativa en dos niveles:
- Provincialmente, con la recopilación de datos y diagnósticos claros que permitan comprender la magnitud del fenómeno.
- Nacionalmente, con reformas que incorporen figuras penales específicas para sancionar a quienes utilicen o corrompan a menores con fines delictivos.
“La utilización de menores con fines delictivos debe tener una respuesta legal contundente. Proponemos que se creen figuras penales específicas, con penas agravadas, que castiguen severamente estas prácticas. Es fundamental darle herramientas eficaces a la Justicia”, subrayó.
Protección de los menores y mensaje a la sociedad
Para Rosúa, este enfoque busca enviar un mensaje claro de intolerancia social hacia quienes instrumentalizan a menores para delinquir, al tiempo que propone una política criminal coherente, que proteja a la infancia y a la ciudadanía en general.
Además, subrayó que cualquier reforma sobre responsabilidad penal juvenil debe ir acompañada de una condena firme hacia los adultos que promueven o explotan el delito en menores, y no puede tratarse como un debate aislado.
