En un paso clave para el fortalecimiento del sistema penitenciario y la seguridad en la provincia de Santa Fe, el martes se realizó la apertura de sobres de la licitación para la primera etapa del Centro de Reclusión para Internos de Alto Perfil (Ceriap) en la Unidad Penitenciaria N° 11 de Piñero. Con un presupuesto oficial de $109.828.291.188,24 y un plazo de ejecución de 18 meses, la obra tendrá capacidad para alojar a 1.152 reclusos y apunta a reforzar la estrategia contra el crimen organizado.
El acto, encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, representa un fuerte mensaje del Ejecutivo provincial en su política de endurecimiento frente a las organizaciones criminales que operan en el territorio.
Una infraestructura clave para el control penitenciario
El proyecto del nuevo penal contempla una estructura compuesta por cuatro minipenales, cada uno con seis pabellones de 48 celdas, distribuidas en dos niveles. En total, habrá 288 celdas individuales por pabellón, con el objetivo de evitar la convivencia masiva de internos y así reducir los riesgos de organización delictiva dentro de la cárcel.
Pullaro destacó la importancia de esta obra dentro del esquema de seguridad provincial:
«Estamos llegando a un punto que nos permite, en la planificación de una política pública de seguridad que tiene diferentes aristas, comenzar con la construcción de una cárcel de alto perfil», sostuvo en la conferencia de prensa realizada en la Sede de Gobierno de Rosario.
El mandatario también agradeció la labor de las fuerzas de seguridad y del Servicio Penitenciario, resaltando su esfuerzo por poner límites dentro del sistema carcelario. Además, recordó que hasta hace no mucho tiempo, los internos tenían acceso a teléfonos celulares desde donde ordenaban extorsiones y asesinatos en Rosario.
«Hay una determinación del Gobierno de Santa Fe que nunca va a dar un solo paso atrás. Y esto es la manifestación de una decisión política con coraje, porque no hay política de seguridad efectiva si uno tiene miedo. Si uno le teme a las organizaciones criminales, es probable que ceda. No hace falta ser corrupto para ceder; el miedo también puede hacerte retroceder. Pero este gobierno no retrocedió ni va a retroceder», enfatizó Pullaro.
El plan de infraestructura penitenciaria es ambicioso: 6.500 nuevas plazas en cuatro años, lo que supone una inversión de 400 millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, en los últimos 40 años de democracia se construyeron menos de 4.000 plazas carcelarias en la provincia.
Las ofertas presentadas
Dieciocho empresas constructoras presentaron sus propuestas para la ejecución de la obra. Entre ellas, se destacan las siguientes ofertas económicas:
- POSE S.A.: $106.253.281.010,72
- COEMYC S.A.: $105.782.797.552,68
- Cocyar S.A. – Pilatti S.A. – U.P. Piñero (UT): $115.542.472.469,72
- Ing. Pedro Minervino S.A.: $97.978.230.267,72
- Capitel S.A.: $119.995.719.406,33
- Del Sol Constructora S.A.: $109.592.001.763,56
- Edeca S.A.: $97.994.248.310,72
- De Paoli & Trosce Constructora S.R.L.: $109.828.292
- Sanimat S.A.: $115.044.895.720,96
- Centro Construcciones S.A.: $135.476.357.102,64
- Tecsa S.A.: $108.808.197.941,68
- Pecam S.A.: $97.991.874.089,88
- Epreco S.R.L.: $109.595.982.601,08
- Dyscon S.A.: $99.745.673.187,12
- Werk Constructora: $109.552.670.782,80
- Oferta sin especificar: $107.328.911.310,00
- Dinale S.A.: $99.989.080.661,24
- Pirámide Constructora S.A.: $105.782.769.569,28
Con la apertura de sobres, comienza ahora la evaluación de las ofertas para definir cuál de estas empresas se hará cargo de la construcción de la primera etapa del Ceriap de Piñero.
Un paso clave en la política de seguridad provincial
La construcción de este penal se inscribe dentro del plan de la gestión de Pullaro para contener el avance del crimen organizado y fortalecer el sistema penitenciario. La decisión de levantar una cárcel de alto perfil responde a la necesidad de contar con una infraestructura acorde para alojar a los delincuentes de mayor peligrosidad, evitando que sigan operando desde las cárceles comunes.
Con la licitación en marcha, Santa Fe busca marcar un punto de inflexión en la lucha contra la criminalidad, con inversiones estratégicas que buscan garantizar el control dentro del sistema penitenciario y recuperar el orden en las calles.