Desde la Universidad Nacional de Rosario, la Cátedra del Agua y el Centro Interdisciplinario del Agua impulsan una iniciativa sin precedentes en Argentina: presentar ante la Convención Constituyente de Santa Fe un artículo que reconozca al agua como sujeto de derecho provincial. Esta propuesta busca transformar la relación jurídico-ambiental con este recurso vital, alineándose con una visión biocéntrica que prioriza la biodiversidad y la sostenibilidad.
Un cambio de paradigma: del antropocentrismo al biocentrismo
La iniciativa, liderada por el director del Centro Interdisciplinario de Agua, Aníbal Faccendini, pretende romper con la perspectiva antropocéntrica que considera el acceso al agua como un derecho exclusivamente humano. En cambio, se propone dotar al agua de personería jurídica para protegerla integralmente como elemento esencial para toda forma de vida. Esta innovación permitiría, entre otras cosas, prevenir su contaminación, garantizar el acceso equitativo y fomentar la transparencia en su gestión.
“Queremos que Santa Fe sea pionera en este tema, no solo a nivel nacional sino también internacional. Reconocer al agua como sujeto de derechos marcaría un antes y un después en nuestra Constitución Provincial”, expresó Faccendini.
Inspiración internacional y alcance local
El modelo santafesino se inspira en precedentes internacionales como el reconocimiento del río Whanganui en Nueva Zelanda, el Atrato en Colombia y el Mar Menor en España. Sin embargo, la propuesta de Santa Fe busca ir más allá, abarcando no solo ríos específicos, sino también napas subterráneas, espejos de agua y humedales en toda la provincia.
A nivel local, se destaca la sentencia judicial reciente que obliga a la construcción de una planta de tratamiento en Rosario, para evitar que 400 millones de litros cloacales se viertan diariamente al río Paraná. Este contexto refuerza la necesidad de una protección legal más robusta para el agua.
Un artículo histórico para la nueva Constitución
El artículo propuesto establece:
«El acceso al agua y al saneamiento es un derecho humano esencial. El agua de superficie y subterránea y los humedales de competencia del Estado provincial tienen personerías jurídicas. Son personas no humanas sujeto de derechos. Es responsabilidad principal e indelegable del Estado de Santa Fe la gestión, desarrollo y eficacia de los derechos y bienes jurídicos aquí establecidos.»
Según Faccendini, esta declaración sería un hito en la protección del agua, no solo desde una perspectiva ambiental, sino también social, al priorizar el acceso equitativo y responsable en sectores urbanos y rurales.
Los derechos del agua: una declaración integral
En el marco de esta propuesta, se presenta un manifiesto con 27 derechos del agua. Entre ellos destacan:
- Derecho a la purificación y renovación natural, respetando los ciclos de la naturaleza.
- Protección contra la contaminación y la sobreexplotación, incluyendo actividades industriales, cloacales y agroganaderas.
- Acceso equitativo y consumo responsable, con un enfoque en la justicia social y ambiental.
- Rechazo a su mercantilización, evitando que sea tratada como un bien financiero o especulativo.
- Derecho a la paz y la fraternidad planetaria, promoviendo un uso armonioso y sostenible.
Consenso social y responsabilidad institucional
El proyecto no busca ser anti-extractivista, sino establecer un modelo productivo respetuoso con el medio ambiente. Para lograrlo, se apunta a generar consensos con diversos sectores, incluyendo la industria, el comercio, y la ciudadanía en general. Además, se propone que la Defensoría del Pueblo, junto con universidades públicas, actúe como órgano de control para garantizar el cumplimiento de estos derechos.
Impacto esperado
Entre los beneficios de esta iniciativa, se espera una reducción significativa de la contaminación, una mejora en la distribución del agua potable en áreas vulnerables y una mayor conciencia pública sobre su uso responsable. Además, se busca posicionar a Santa Fe como líder en el cuidado del agua, estableciendo un precedente a nivel nacional e internacional.
Esta reforma constitucional no solo es una apuesta por la sostenibilidad, sino también un llamado a repensar la relación con el agua como elemento vital para la vida en el planeta.