La Fiscalía Federal de Santa Fe ha solicitado elevar a juicio oral a siete hombres acusados de operar una plantación de cannabis bajo la apariencia de legalidad, pero con fines de comercialización ilícita. Entre ellos se encuentra Gabriel Alberto “Cachiporri” Nudel, señalado como el cabecilla de la organización, quien permanece en prisión preventiva desde febrero de 2024.
La causa comenzó con una investigación que en febrero de este año permitió el allanamiento de dos cultivos de marihuana a gran escala. Uno de ellos se encontraba en un predio rural de cuatro hectáreas en Arroyo Leyes, a 23 kilómetros de la capital provincial, mientras que el otro operaba bajo la modalidad indoor en una vivienda del macrocentro de Santa Fe. Ambos funcionaban con documentación emitida por el Instituto Nacional de Semillas (INASE), que regula el uso medicinal del cannabis, pero la fiscalía determinó que el objetivo real era la producción y venta ilegal de estupefacientes.
El 13 de febrero, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) allanaron el terreno en Arroyo Leyes y encontraron 1.531 plantas de cannabis sativa distribuidas en 16 lotes numerados, además de fertilizantes, aditivos, insecticidas y luminarias especializadas. También se secuestraron cuatro armas de fuego, municiones de distintos calibres, radios handies y un chaleco antibalas. En la entrada del predio había dos códigos QR: uno redirigía a una página oficial del INASE con información sobre la habilitación del establecimiento, a nombre de Osvaldo Ceresole, mientras que el otro llevaba a una dirección web cuya información no pudo visualizarse.
Al día siguiente, las fuerzas de seguridad allanaron una vivienda en la calle Santiago del Estero 3619, donde encontraron 575 plantas de marihuana en distintos estados de crecimiento. Allí operaba un invernadero indoor con climatización artificial y 75 lámparas para horticultura. Se hallaron también fertilizantes y una autorización del INASE, nuevamente a nombre de Ceresole, con fecha de emisión en mayo de 2023 y vencimiento en marzo de 2024.
Otro de los procedimientos se llevó a cabo en la casa de “Cachiporri” Nudel, ubicada en Arroyo Leyes, donde se secuestraron $1.416.000, 700 dólares, una gran cantidad de municiones, armas de fuego y una balanza de precisión. En domicilios vinculados a los imputados Nudel, Nerbutti, Zambón y Ceresole, los agentes incautaron frascos con cogollos, plantines, elementos de fraccionamiento y diversas armas. En la camioneta de Zambón se halló un certificado del Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas a nombre de Ceresole, reforzando la hipótesis de que se utilizaba documentación legal para encubrir la actividad ilícita.
Uno de los puntos clave de la investigación es el papel de Adrián Poncio Nerbutti, señalado como el encargado de la siembra, el mantenimiento y la cosecha de cannabis en Arroyo Leyes. Según el Ministerio Público Fiscal (MPF), durante el allanamiento logró huir y realizó una llamada advirtiendo a un cómplice: “Borrá todo, que cayeron los federicos en el campo”. En el lugar se encontraron su documento, su licencia de conducir y un carnet del Registro Nacional de Personas Autorizadas al Cultivo Controlado con Fines Medicinales y/o Terapéuticos de Cannabis (REPROCANN), que permite un máximo de nueve plantas por persona, muy por debajo de la escala de producción descubierta.
La fiscalía también destacó que Mauricio Zambón tiene antecedentes penales. En 2022, fue condenado a cuatro años de prisión por transportar cocaína en bidones dentro de un Chevrolet Cruze mientras regresaba a Santa Fe desde Misiones. Su vinculación con la actual causa refuerza la teoría de que la plantación encubierta era parte de una red de narcotráfico.
Además, la investigación reveló conexiones entre Nudel y el narcotraficante Vicente Pignata, un prófugo que operaba en la región con la complicidad de sectores policiales.
Otro dato relevante es el hurto de energía detectado en los establecimientos. Según la fiscalía, los acusados montaron conexiones clandestinas para obtener electricidad de manera ilegal, generando un perjuicio de más de $40 millones para la Empresa Provincial de la Energía (EPE) de Santa Fe.
El pedido de juicio oral y público apunta a esclarecer el funcionamiento de esta organización y las maniobras utilizadas para encubrir una producción de marihuana a gran escala con fines ilícitos.