Desde el 6 de mayo de 2024, rige en casi toda la provincia de Santa Fe el nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF), una reforma clave que introdujo un sistema acusatorio y oral en reemplazo del anterior modelo escritural, en el que el juez tenía un rol central en la instrucción. El cambio, que se venía aplicando desde 2019 en Salta y Jujuy como plan piloto, alcanzó finalmente a los tribunales federales santafesinos, con excepción de Reconquista, que se incorporó recién el 1º de marzo de este año.
Al cumplirse el primer aniversario de la implementación, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario presentó un informe detallado que revela luces y sombras en el funcionamiento del nuevo sistema. Según datos de la Oficina Judicial del Distrito Rosario (Ofiju), entre el 6 de mayo de 2024 y el 5 de mayo de 2025 se programaron un total de 759 audiencias, de las cuales el 95,3% se concretaron en tiempo y forma, mientras que el 4,7% restante se dividió entre reprogramaciones (2,4%) y cancelaciones (2,3%).
Las audiencias se distribuyeron geográficamente entre Rosario (495), Santa Fe (87), Venado Tuerto (97), Rafaela (31), San Nicolás (43) y Reconquista (6). Este último distrito, vale recordar, estuvo hasta marzo bajo jurisdicción de la Cámara Federal de Resistencia (Chaco).
Cambios profundos en la dinámica judicial
La entrada en vigencia del CPPF implicó un giro radical en la lógica del proceso penal federal. Se dejó atrás un sistema inquisitivo, donde el juez investigaba, acusaba y juzgaba, y se adoptó un modelo adversarial: ahora la investigación queda en manos del Ministerio Público Fiscal (MPF), mientras que los jueces se concentran en garantizar los derechos de las partes y en dictar resoluciones imparciales.
Durante el acto inaugural en Rosario, en mayo de 2024, participaron figuras del gobierno nacional como el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quienes destacaron que el nuevo sistema “agiliza las causas, mejora la transparencia y acerca la justicia a la ciudadanía”.
Un año después, si bien se evidencia un funcionamiento estable del mecanismo, el volumen de trabajo parece aún limitado. Las 759 audiencias federales contrastan fuertemente con las 30.900 audiencias registradas en el mismo período por el sistema acusatorio provincial santafesino, según datos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ).
Drogas y justicia: casi la mitad del trabajo
Uno de los aspectos más destacados del balance judicial es la elevada incidencia de las causas relacionadas con drogas. El 48% del total de los casos abordados en el fuero federal están vinculados a la Ley de Estupefacientes Nº 23.737. Le siguen, aunque con márgenes mucho menores, los delitos contra la fe pública (7,52%), contra la administración pública (6,86%), infracciones al Código Aduanero (4,90%) y delitos contra el orden económico y financiero (4,25%).
Entre los tipos de audiencias más frecuentes, se destacan los planteos de incompetencia (43,8%), las condenas en procesos abreviados (16,55%), los sobreseimientos (12,95%) y las suspensiones de proceso a prueba (10,79%).
A pesar de ese predominio temático, las causas de narcomenudeo han disminuido significativamente en el fuero federal desde fines de 2023, cuando la provincia de Santa Fe asumió formalmente esa competencia. Desde entonces, el MPA ha registrado 9.826 ingresos por microtráfico solo en el año 2024, lo que explica en parte la merma de trabajo en los tribunales federales.
Coordinación en deuda
Si bien el traspaso del narcomenudeo a la órbita provincial descomprimió en cierta medida a la justicia federal, operadores judiciales advierten que la transición no ha estado exenta de dificultades. Fuentes tribunalicias consultadas señalaron que existe una “falta de coordinación efectiva” entre la Justicia Federal y la provincial, lo que podría estar debilitando el abordaje de las grandes estructuras criminales del narcotráfico, más allá del microtráfico.
Esa desconexión preocupa especialmente en una provincia como Santa Fe, golpeada por la violencia urbana y las economías ilegales, en particular en Rosario, donde la lucha contra el crimen organizado es una prioridad política y judicial.
Un año, 306 causas
Según el balance de la Ofiju, las 759 audiencias realizadas correspondieron a un total de 306 carpetas judiciales iniciadas durante el primer año del nuevo sistema. De ellas, un 55% aún se encuentra en trámite, mientras que el 45% restante ya ha sido resuelto.
En octubre de 2024 se alcanzó el pico de actividad, con 92 audiencias realizadas en el mes. A modo comparativo, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe emitió desde el 1° de enero hasta el 6 de mayo de 2025 un total de 50 sentencias, en su mayoría mediante procesos abreviados.
Perspectivas y desafíos
El primer año del Código Procesal Penal Federal en Santa Fe deja un saldo mixto. Si bien se logró consolidar el funcionamiento del nuevo modelo en términos de eficiencia procesal y respeto de los plazos, el bajo volumen de causas, la superposición de competencias y la necesidad de mayor articulación entre jurisdicciones siguen siendo desafíos pendientes.
La justicia federal enfrenta ahora el reto de adaptarse plenamente a su nuevo rol, enfocado en delitos complejos y de mayor escala. Para eso, será clave mejorar la coordinación con el ámbito provincial, dotar de recursos a las fiscalías y fortalecer las capacidades investigativas, sobre todo en un contexto donde el narcotráfico y la criminalidad organizada siguen representando una amenaza constante.
