Con una medida inédita en el país, el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe implementará controles antidroga aleatorios y obligatorios en todas las estructuras de seguridad provincial. El nuevo protocolo abarca desde el propio ministro hasta los postulantes que buscan ingresar a la fuerza, pasando por jefes policiales, penitenciarios y cuadros de inteligencia.
La disposición, oficializada este miércoles mediante la Directiva N.º 12/2025, lleva la firma del ministro Pablo Cococcioni y apunta a establecer un mecanismo de detección de consumo de drogas en todos los niveles del sistema de seguridad. La medida fue comunicada a la Secretaría de Coordinación Técnica con copia al gobernador y a las áreas ministeriales involucradas.
«Los tests se harán sin previo aviso, serán ejecutados por personal externo y no podrán ser objetados salvo contraorden directa superior», indica el documento oficial.
Un cambio de paradigma en el control interno
Según se detalla en la normativa, los tests serán periódicos, sorpresivos y confidenciales, y tendrán como primer objetivo al propio personal político del Ministerio, incluido Cococcioni. Le seguirán los cuadros jerárquicos de la Policía provincial, el Servicio Penitenciario y los organismos de inteligencia criminal. Se trata de una política de tolerancia cero que busca romper con décadas de opacidad y falta de controles internos sistemáticos.
Además, se establece que las pruebas formarán parte del proceso obligatorio de ingreso a las fuerzas y de los requisitos para acceder a ascensos, incorporándose como una instancia más del perfil de idoneidad institucional.
“Con esto buscamos garantizar la idoneidad y el compromiso ético de quienes portan armas y ejercen funciones coercitivas del Estado”, afirmaron desde el Ministerio.
Un esquema riguroso de confidencialidad
Uno de los aspectos más destacados del protocolo es su sistema de manejo de resultados, que apunta a evitar filtraciones, estigmatización o uso indebido de la información. Los informes serán entregados en sobre cerrado y con destino según jerarquía:
- Los resultados del ministro serán remitidos directamente al gobernador.
- Los del personal policial y penitenciario, a las respectivas secretarías institucionales.
- En el caso de los aspirantes, los informes serán dirigidos a las juntas de admisión y evaluación del proceso de selección.
Dudas y expectativas ante la implementación
La medida fue celebrada por sectores que ven en ella una señal de transparencia, control civil y exigencia ética hacia quienes integran los sistemas de seguridad. En contrapartida, desde otros espacios políticos y gremiales se plantearon interrogantes sobre los criterios técnicos de aplicación, el tipo de pruebas (orina, sangre o cabello), los laboratorios intervinientes y el tratamiento disciplinario o terapéutico de los resultados positivos.
Por el momento, el Ministerio no brindó precisiones sobre la fecha de inicio, aunque fuentes oficiales adelantaron que los primeros controles podrían comenzar “en las próximas semanas” y se realizarán sin preaviso.
Claves del nuevo protocolo antidroga
- ¿A quiénes alcanza?
A todo el personal político del Ministerio de Seguridad y a los miembros activos o aspirantes de las fuerzas de seguridad provincial. - ¿Cómo se harán?
De forma aleatoria, periódica, sin previo aviso y ejecutadas por personal externo al organismo controlado. - ¿Desde cuándo se aplicarán?
No se anunció una fecha oficial, pero fuentes indican que comenzarán en las próximas semanas. - ¿Qué se hace con los resultados?
Son confidenciales y se remiten según el nivel jerárquico. No se publican ni comunican públicamente. - ¿Qué pasa si el test da positivo?
No se detalló en esta etapa. Se espera que el tratamiento disciplinario o terapéutico se regule en una etapa posterior.
Una apuesta fuerte en medio de la lucha contra el narcotráfico
La implementación de esta política se da en un contexto de alta conflictividad narco en Rosario y otras ciudades santafesinas, y en medio de una ofensiva del gobierno provincial para depurar las fuerzas de seguridad. Para las autoridades, el control del consumo de drogas entre efectivos y funcionarios es un paso ineludible en la construcción de una estructura más transparente, confiable y alineada con el interés público.
“No puede haber doble estándar. Si exigimos lucha contra el narcotráfico, tenemos que empezar por casa”, concluyó un funcionario del entorno de Cococcioni.
