Un proyecto de ley ingresado recientemente en la Cámara de Diputados de Santa Fe propone que los hospitales y centros de salud públicos cobren la atención médica a los conductores que, tras protagonizar un siniestro vial con heridos, den positivo en los controles de alcoholemia o narcolemia.
La iniciativa, impulsada por la diputada Beatriz Brouwer, establece que aquellos automovilistas que resulten responsables de accidentes mientras conducían bajo los efectos del alcohol o estupefacientes deberán reintegrar al Estado provincial los costos por la atención médica brindada tanto a ellos como a las demás personas involucradas.
“El propósito no es recaudar, sino generar conciencia sobre las consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, y reducir el impacto económico de estos hechos en el sistema público de salud”, argumentó Brouwer.
Según el proyecto, al momento de la admisión en un efector público por una emergencia derivada de un siniestro vial, los pacientes deberán ser sometidos a un test de alcoholemia y a un análisis toxicológico. Los resultados quedarán registrados en la historia clínica sin vulnerar la privacidad del paciente.
Asimismo, se requerirá una declaración jurada sobre la cobertura médica del asistido, indicando si posee obra social, prepaga o seguro. En caso de contar con cobertura, la facturación será dirigida a la entidad correspondiente. De no tenerla, el cobro recaerá sobre el conductor o sus herederos, quienes tendrán 30 días para saldar la deuda o acordar un plan de pago.
El texto también prevé que el 80% de los fondos recuperados se destinen al sistema de salud pública y el 20% a campañas de prevención y concientización en seguridad vial.
La propuesta será debatida en las próximas semanas en la Legislatura santafesina y promete abrir un fuerte debate sobre la responsabilidad individual y el rol del Estado en la atención médica de quienes infringen la ley.
