Santa Fe rompe el hechizo: la reforma constitucional finalmente avanza tras décadas de intentos fallidos

A las 2:07 del 6 de diciembre de 2024, la Cámara de Diputados de Santa Fe marca un hito histórico: la aprobación de la ley para reformar la Constitución provincial. El debate político que había congelado este proceso durante más de tres décadas encuentra finalmente una resolución. Con una votación contundente (37 a 12 en Diputados y 14 a 3 en el Senado), el proyecto se convierte en ley y abre la puerta a una etapa de transformación institucional para la provincia.

El oficialismo celebra el logro como la culminación de un arduo trabajo político liderado desde las sombras por operadores clave. Sin embargo, este avance no solo impacta al gobierno de Maximiliano Pullaro, sino que también reconfigura las dinámicas internas de las oposiciones, marcando un nuevo punto de inflexión en la política santafesina.

La estrategia detrás del éxito

A pesar de que Pullaro mantuvo distancia de la gestión directa de la reforma, su impronta está clara en los temas incluidos en la ley. Conceptos como responsabilidad fiscal, seguridad y educación reflejan los ejes centrales de su gobierno. Además, el rango constitucional otorgado a la ley de «ficha limpia» busca no solo consolidar alianzas con el PRO, sino también diferenciarse de las estrategias nacionales de sectores como La Libertad Avanza y Unión por la Patria.

El trabajo político para sumar los votos necesarios recayó en figuras del radicalismo como Fabián Bastia y Julián Galdeano, junto con los socialistas Pablo Farías y Joaquín Blanco. Estos actores se encargaron de articular acuerdos que superaron divisiones históricas en la Legislatura.

La ley, que remueve cualquier sospecha de favorecer una reelección para Pullaro, incluye reformas de gran alcance. Entre ellas, se destacan la limitación de mandatos para legisladores y concejales, la posible creación de un Consejo de la Magistratura y la autonomía municipal. Rosario, como principal ciudad de la provincia, se posiciona en el centro de esta última discusión, con miras a convocar su propia constituyente para redactar una carta orgánica local.

El desafío de las oposiciones

La aprobación de la reforma expone las fracturas internas en los principales bloques opositores. En el justicialismo, las tensiones entre Omar Perotti y Marcelo Lewandowski reflejan una lucha por el control del partido. Perotti, con un rol pragmático, acompaña la reforma, desafiando críticas internas, mientras que Lewandowski, aún con aspiraciones electorales, se encuentra en una posición de aislamiento.

Por otro lado, Amalia Granata emerge como la gran perdedora del proceso. Su ausencia en la votación y la expulsión de dos diputados de su bloque revelan una crisis de liderazgo. Aunque mantiene opciones políticas, como acercamientos con sectores del peronismo o La Libertad Avanza, su capacidad para consolidarse como una figura opositora de peso queda en duda.

Lo que viene: una reforma de gran magnitud

En abril, los santafesinos elegirán convencionales constituyentes, quienes tendrán la tarea de definir los cambios concretos en la Constitución. El Ejecutivo tiene un año para convocar la convención, aunque su realización dependerá del contexto político nacional y provincial.

Entre los temas más relevantes que estarán en discusión destacan:

  • Reelección de cargos ejecutivos y legislativos.
  • Autonomía municipal, con Rosario como caso emblemático.
  • Reformas al sistema judicial, incluyendo un Consejo de la Magistratura.
  • Ampliación de derechos, como el voto joven y la separación Iglesia-Estado.

El alcance de estas transformaciones posiciona a Santa Fe en un momento crucial. La provincia tiene la oportunidad de pasar de un rezago constitucional a convertirse en modelo de innovación institucional.

Un cambio histórico en gestación

La reforma constitucional en Santa Fe es un recordatorio de que la política, cuando se alinea con objetivos comunes, puede derribar muros históricos. Ahora, el desafío será que los convencionales constituyentes logren traducir las demandas sociales en un texto que no solo modernice la Constitución, sino que también garantice estabilidad y progreso para las próximas generaciones.