En una sesión intensa y políticamente cargada, la Legislatura provincial aprobó este jueves dos leyes que autorizan al Poder Ejecutivo a contraer deuda por hasta 1.150 millones de dólares, destinados a infraestructura, seguridad y reestructuración financiera. La sanción marca un punto de inflexión en la estrategia del gobierno de Maximiliano Pullaro para impulsar el desarrollo provincial y sostener el equilibrio fiscal.
El debate se concentró en la Cámara de Diputados, donde se introdujeron dos modificaciones clave al texto original sobre la emisión de deuda por 1.000 millones de dólares, ya aprobado en el Senado. Minutos después, la Cámara Alta convalidó los cambios y convirtió ambos proyectos en ley.
Dos operaciones, dos tiempos
El paquete incluye dos fuentes de financiamiento:
- Un préstamo ya concedido por 150 millones de dólares del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), destinado a un ambicioso programa de logística urbana y metropolitana para el Gran Rosario.
- Una autorización para emitir deuda por hasta 1.000 millones de dólares, que el Ejecutivo provincial podrá utilizar tanto para financiar obra pública como para recomprar o cancelar pasivos anteriores.
La letra chica: destinos, control y condiciones
Una de las modificaciones introducidas en Diputados establece un criterio de distribución obligatorio para el uso del endeudamiento:
- 50% destinado a infraestructura productiva
- 25% a infraestructura social
- 25% a seguridad pública
Además, se creó una Comisión Bicameral Permanente de Coordinación y Control, integrada por cinco senadores y cinco diputados, que supervisará la ejecución del endeudamiento. Esta comisión podrá requerir informes a organismos de todos los niveles y a entidades financieras.
En cuanto a los términos financieros, la ley fija parámetros amplios:
- Tipo de deuda: directa, externa y/o interna.
- Plazo: entre 2 y 12 años.
- Intereses: tasa fija, variable o mixta, dentro de los promedios de mercado.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Economía, facultado para reglamentar las condiciones operativas.
Aprobaciones y rechazos: alineamientos políticos
El crédito de CAF cosechó amplio respaldo, con el único rechazo de los diputados de Somos Vida y Familia y la legisladora Natalia Armas Belavi, mientras que Inspirar optó por la abstención. En cambio, la autorización para la emisión por 1.000 millones fue más polémica: el bloque oficialista Unidos y algunos aliados lograron 30 votos afirmativos frente a 13 rechazos.
El bloque justicialista se opuso, con voces críticas como Walter Agosto, Omar Perotti, Marcos Corach y Lucila De Ponti. Sus objeciones giraron en torno a:
- El alto monto del endeudamiento
- La falta de precisión sobre las obras a ejecutar
- La oportunidad del endeudamiento en un contexto económico frágil
Agosto recordó que el Ejecutivo ya cuenta con autorizaciones previas por 630 millones de dólares, además de un remanente de 570 millones por títulos nacionales, y cuestionó la necesidad de salir nuevamente al mercado.
“No hay apuro ni justificación para emitir esta deuda. No generamos dólares, y cada devaluación nos exige más recursos para cumplir con los pagos», sentenció el exministro de Economía.
Perotti, por su parte, pidió no confundir la negativa con una oposición a la obra pública, y lamentó la falta de búsqueda de consensos:
“No entiendo el apuro. Lamento que no se haya intentado un acercamiento con nuestra bancada”.
Defensa oficialista: solidez fiscal y visión estratégica
Las intervenciones oficialistas –de legisladores como José Corral, Joaquín Blanco, Dionisio Scarpin, Jimena Senn, Mariano Cuvertino y Rubén Galassi– defendieron el plan como una herramienta clave para dinamizar la infraestructura en toda la provincia y aprovechar la solidez financiera de Santa Fe para acceder a condiciones favorables de crédito.
“Santa Fe tiene cultura de cumplir sus compromisos y una posición fiscal saludable”, destacó Blanco.
Corral subrayó la tradición de responsabilidad fiscal de gobiernos anteriores –citando a Antonio Bonfatti y al propio Perotti– y afirmó que esta decisión refuerza la solvencia estructural de la provincia.
Scarpin, en tanto, remarcó el efecto multiplicador de la obra pública en el norte santafesino, una región históricamente relegada.
Una provincia que apuesta al desarrollo
El endeudamiento aprobado representa una apuesta estratégica para acelerar inversiones públicas, mejorar la competitividad productiva y abordar déficits estructurales. Sin embargo, la falta de consenso entre oficialismo y oposición evidencia una fisura política que podría condicionar la implementación de los proyectos.
Con la ley en mano, ahora será clave la capacidad del Ejecutivo para gestionar con transparencia y eficacia los recursos, y convertir esta autorización en obras concretas que impacten positivamente en la vida de los santafesinos.
