El 29 de diciembre de 2023 marcó un hito en la lucha contra el narcotráfico en la provincia con la entrada en vigencia de la Ley Provincial n.º 14.239, conocida como «ley de microtráfico». Esta normativa permitió al Ministerio Público de la Acusación (MPA) asumir la competencia penal en casos de venta minorista de estupefacientes, logrando resultados significativos en su primer año de aplicación.
Un informe reciente del MPA destaca que, durante este período, se investigó a 5.700 personas por comercialización de drogas en pequeña escala. Además, se llevaron a cabo 500 allanamientos, 900 audiencias, y se imputó a 833 personas, de las cuales 100 recibieron condenas.
Resultados clave: derribo de búnkeres y control de la violencia
Entre los logros más destacados, el informe señala la autorización judicial para 45 demoliciones de búnkeres en distintos puntos de la provincia. Estas operaciones no solo significaron el cierre de puntos de venta de drogas, sino que contribuyeron a «pacificar y recuperar el control de barrios afectados por la violencia extrema», según el MPA.
La fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich, subrayó la importancia de estas acciones. “El abordaje del microtráfico es uno de nuestros objetivos priorizados por su relación con los casos de violencia extrema”, afirmó, resaltando que las investigaciones llevaron a una «clara disminución de los índices de violencia, especialmente en Rosario y Santa Fe».
Un equipo dedicado y una estrategia integral
El trabajo contra el microtráfico estuvo liderado por un equipo especializado del MPA, que incluyó a Carla Cerliani como fiscal coordinadora en Objetivos Priorizados, junto a los fiscales Diego Vigo y Franco Carbone, y el subdirector de Investigación Criminal del Organismo de Investigaciones, Víctor Moloeznik. Este grupo operó de manera articulada con las cinco Fiscalías Regionales de la provincia.
Vranicich destacó que la nueva ley permitió investigar el fenómeno criminal «de manera integral», evitando la fragmentación y los entorpecimientos en las investigaciones. El trabajo en conjunto con el Ministerio Público Fiscal de la Nación y las instituciones provinciales y locales fue crucial para lograr estos resultados.
“Diseñamos estrategias de coordinación para evitar atomizaciones y mejorar los resultados”, explicó, subrayando la relevancia de los equipos conjuntos de investigación y la delimitación clara de competencias entre las fiscalías federales y provinciales.
Impacto en los barrios y desafíos futuros
El informe también resalta el impacto social de estas acciones. El cierre de búnkeres permitió recuperar espacios que estaban bajo control de organizaciones criminales, pacificando zonas críticas y devolviendo a los vecinos una sensación de seguridad.
No obstante, el desafío de combatir el microtráfico sigue siendo complejo. Las autoridades reconocen que es esencial mantener la colaboración entre las distintas instancias del Estado y perfeccionar las estrategias de investigación y prevención para consolidar los avances logrados.