Un informe reciente del CEPA (Centro de Economía Política Argentina) puso en el centro del debate el impacto del cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria dispuesto por el gobierno de Javier Milei a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) en marzo de 2024. Según el estudio, si se hubiera mantenido la fórmula previa, los haberes previsionales serían actualmente un 32% más altos, lo que elevaría la jubilación mínima a $403.302, frente a los $304.726 actuales sin contar el bono.
El dato adquiere mayor relevancia en el contexto de tensión entre el Congreso y el Poder Ejecutivo por una nueva ley jubilatoria. Mientras el Parlamento avanza en la sanción de un proyecto que busca recomponer los haberes, desde el Gobierno ya adelantaron que la iniciativa será vetada. Así lo aseguró días atrás el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Un cambio que alteró la recuperación de ingresos
El cambio en la fórmula previsional fue una de las primeras decisiones de Milei tras asumir la presidencia. En marzo de 2024, mediante un DNU, se eliminó el sistema anterior —que ajustaba los haberes en función de la recaudación y los salarios— y se reemplazó por una actualización mensual basada exclusivamente en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Indec, con un retraso de dos meses.
Junto a la implementación de la nueva fórmula, el Gobierno otorgó en ese momento una recomposición única del 12,5% para los jubilados. Según los fundamentos oficiales, la nueva metodología apuntaba a “preservar el poder adquisitivo” frente a una inflación que en ese momento superaba los tres dígitos anuales.
Sin embargo, el CEPA sostiene que la modificación se implementó justo cuando la inflación comenzaba a desacelerarse y el sistema anterior comenzaba a mostrar mejoras reales en los haberes. De acuerdo con el informe, el nuevo esquema dejó sin efecto la posibilidad de recomposición de los ingresos reales y consolidó el deterioro acumulado durante años.
Cálculos y diferencias
El informe toma como referencia la jubilación mínima sin bono. Bajo la fórmula anterior, ese haber habría alcanzado los $403.302 a julio de 2025. En cambio, con el nuevo sistema, el monto actual es de $304.726. La diferencia es del 32%, lo que representa una pérdida directa de casi $100.000 mensuales para cada beneficiario del haber mínimo.
Aunque el análisis se centra en ese tramo de ingresos, el CEPA aclara que el resultado puede extrapolarse a jubilaciones medias o incluso a las más altas, por lo que el impacto abarca a todo el universo previsional.
El bono, congelado y licuado
Otro punto central del informe es el bono previsional. Desde marzo de 2024, el Gobierno dispuso un pago adicional de $70.000 para reforzar los haberes más bajos. Pero a pesar de la inflación acumulada, el monto no se actualizó desde entonces. Según el CEPA, si ese bono se hubiera ajustado al ritmo del IPC, en junio debería haber sido de aproximadamente $158.000. Esto implica una pérdida de poder adquisitivo de cerca de $89.000 por mes para los beneficiarios.
El Poder Ejecutivo ya confirmó que no prevé actualizar ese bono durante lo que resta de 2025, lo que implica que su impacto real se irá reduciendo mes a mes, en tanto la inflación siga avanzando.
Comparaciones históricas
El informe del CEPA también analiza la evolución del poder adquisitivo de los jubilados en perspectiva histórica. En comparación con el último trimestre del gobierno anterior, las jubilaciones sin bono presentan hoy una caída real del 3,1%. Si se considera el bono, la pérdida asciende al 15,7%, lo que marca un deterioro más acelerado.
Además, advierte que el nivel actual de la jubilación mínima, sin contar bonos extraordinarios, se asemeja al poder adquisitivo que tenía ese haber en la década del 90, uno de los períodos más críticos en materia social y previsional del país.
Un debate con final abierto
El estudio del CEPA llega en un momento de fuerte discusión política por el futuro del sistema previsional. El Congreso busca avanzar con una ley que modifique nuevamente el esquema de actualización y garantice cierta recomposición de los haberes, mientras que el Gobierno sostiene su postura de ajuste fiscal y promete vetar cualquier iniciativa que implique mayor gasto.
En este contexto, los datos del informe funcionan como argumento para quienes advierten que los jubilados fueron una de las principales variables de ajuste del modelo libertario. Desde el oficialismo, en cambio, insisten en que el nuevo esquema es más transparente, previsible y “sostenible”.
El desenlace está aún por verse, pero lo cierto es que la situación de millones de jubilados sigue atada a decisiones políticas que definirán, una vez más, su poder de compra y su calidad de vida.
