El trágico siniestro vial ocurrido el martes por la noche en la intersección de Roca y el río, que dejó como saldo la muerte de Tania Gandolfi (41) y Agustina García (16), además de heridas graves a una niña de seis años, expone la urgencia de revisar y endurecer el sistema de sanciones a conductores con antecedentes graves. La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) insiste en que los jueces de Faltas deben aplicar penas máximas en casos extremos y desarrollar mecanismos de alerta para identificar a los llamados «conductores temerarios».
Un prontuario que anticipaba la tragedia
Agustín López, al mando de un Peugeot 206 que circulaba a más de 120 km/h en una zona urbana, no era un desconocido para el sistema vial. Su prontuario incluye múltiples infracciones graves: un examen de alcoholemia positivo en 2023, cuando registró 0.92 g/l de alcohol en sangre, que le costó la suspensión de su licencia por solo un mes, además de once multas acumuladas desde que obtuvo su registro. Entre estas, destacan tres por cruzar semáforos en rojo, tres por exceso de velocidad, cuatro por invadir carriles exclusivos y una por estacionamiento indebido.
Sebastián Kelman, director del Observatorio Vial de la APSV, fue categórico al señalar las fallas en la aplicación de sanciones: «La licencia es un derecho otorgado por el Estado bajo ciertos requisitos. Tanto la APSV como los jueces intervinientes tienen la potestad de suspenderla. En casos graves, las penas pueden llegar a inhabilitaciones de hasta dos años». Sin embargo, en el caso de López, el juez optó por el mínimo de un mes, lo que le permitió continuar acumulando infracciones.
La necesidad de un cambio en la cultura sancionatoria
Desde la APSV, remarcan la importancia de un enfoque más riguroso por parte de los jueces de Faltas. «El análisis del prontuario debería ser determinante para decidir entre la pena mínima o máxima. Los patrones de conducta peligrosa deben tener un peso específico en la decisión», sostuvo Kelman. En noviembre pasado, durante una capacitación que reunió a 95 jueces, la APSV hizo hincapié en utilizar el Código de Faltas en su máxima expresión: «Las penalidades máximas son nuestra herramienta para evitar que los infractores vuelvan a las calles con tanta facilidad».
Faltan mecanismos preventivos efectivos
Uno de los grandes desafíos que enfrentan las autoridades es la implementación de un sistema de alerta que detecte conductores con comportamientos reiteradamente peligrosos. «Si un automovilista tiene dos multas por exceso de velocidad, una alcoholemia positiva y cruza semáforos en rojo, es evidente que existe un patrón de desprecio por las normas. Pero aún no contamos con un sistema que permita identificar y actuar sobre estos casos a tiempo», lamentó Kelman.
La APSV suspendió provisoriamente el registro de conducir de López tras el siniestro fatal, pero ahora será el juez interviniente en la causa quien decidirá la duración del impedimento, junto con la pena correspondiente.
Hacia una penalización más severa
En Rosario, la fiscalía especializada en siniestros viales ha trabajado en un enfoque más estricto para evaluar estos casos bajo el Código Penal, marcando un avance significativo en la lucha contra la impunidad vial. Kelman destacó la importancia de este cambio: «Antes, el que mataba al volante no iba preso. Hoy, gracias a una fiscalía comprometida y un trabajo riguroso, eso está cambiando».
Además, un proyecto en el Congreso de la Nación busca consolidar este enfoque, trasladando las infracciones graves del ámbito administrativo al penal. Este cambio permitiría considerar las tragedias viales como delitos graves y no meras faltas.
Un llamado a la acción preventiva
«El objetivo es claro: sacar de las calles a esos conductores temerarios antes de que sea tarde», enfatizó Kelman. La implementación de alertas preventivas y la aplicación de penas severas son herramientas clave para evitar nuevas tragedias como la ocurrida en Roca y el río.
